Ciudad de México.- Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desviaron más de 471 millones de pesos en gastos personales, recibidos a través de dos fondos con recursos públicos federales, acusó la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de órdenes de aprehensión contra 31 académicos que fue rechazada por un juez federal.

 De acuerdo con el documento al que El Sol de México tuvo acceso, estos gastos fueron presuntamente realizados desde el año 2002, año en que se constituyó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC y hasta el año 2019, por lo que señala a los académicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

 Estos recursos fueron gastados en una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

 Además, en otros servicios como banquetes, gasolina para autos particulares,servicio de telefonía móvil, servicios de tintorería, seguros, fianzas, entre otros gastos completamente ajenos a los previstos en las Reglas de Operación del Conacyt (FOINS) y en los Lineamientos del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación(Programa Presupuestario F 002)

 La dependencia que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero asegura que la ilegalidad de este asunto radica en que dichos recursos estaban designados “exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación”, entre otros fines que “evidentemente No eran coincidentes con el objeto social para el cual se constituyó la moral”.

 A pesar de ello, Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, desechó la solicitud de orden de aprehensión tras considerar que la Fiscalía no realizó el estudio de razones para procesar a los docentes de forma individual, ni tampoco justificó las razones por las cuales estos deberían ser aprehendido en una cárcel de máxima seguridad.

 Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los docentes del Conacyt y la comunidad científica en el país han gozado de mucha influencia para protegerse, mientras que la gente con menos recursos no puede defenderse.

 “Los del Conacyt tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenían que pagar del presupuesto hasta para sus hijos. Como tenían mucha influencia, buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era como un chantaje y se le tenía que entregar fondos”, dijo.

En contraste, la comunidad científica y diversas instituciones como la UNAM y el CIDE han rechazado las acusaciones de la FGR, al considerar que se trata de una “persecución” contra los docentes.

 Pese a lo anterior, la Fiscalía informó que insistirá en que sean detenidos los 31 docentes implicados en este entramado, mismos que pretende sean apresados en su mayoría en un penal de máxima seguridad al considerar que debido a los recursos con los que cuentan pueden cometer actos de corrupción y escapar, en caso de ser detenidos en prisiones demedia y baja seguridad.