Este 26 de marzo se recuerda el 111o. aniversario de la expedición del Plan de Guadalupe en respuesta a la usurpación de Victoriano Huerta.

 Pero el plan de Guadalupe a diferencia de otros de su género, no solo es una proclama de lucha, es también un instrumento legal, enderezado sí, contra la usurpación, pero también es el sustento jurídico de la revolución y del nuevo orden legal que surgirá de ella.

 El Plan de Guadalupe por principio desconoce al usurpador, desconoce a los poderes de la unión que han reconocido a Huerta, desconoce a los gobiernos estatales que en el lapso de treinta días después de emitido el plan aún reconozcan al gobierno espurio.

 El Plan además establece la organización del nuevo ejército, al que llama constitucionalista y dispone que sea su Primer Jefe, el nuevoleo-coahuilense Venustiano Carranza, al llegar a la capital de la república, titular del Poder Ejecutivo. Prevé la realización de elecciones presidenciales y en general volver la república al orden constitucional.

 No se trata de una ocurrencia de Carranza o de un grupo de seguidores simplemente, surge de un detallado procedimiento legal que inicia el 18 de febrero cuando el señor Carranza, gobernador de Coahuila, recibe vía telegráfica la comunicación del usurpador Huerta donde anuncia que por estar presos el Presidente Madero y Vicepresidente Pino Suarez, el Senado lo ha "autorizado para asumir la jefatura del Poder Ejecutivo".

  Al día siguiente el señor Carranza comunica a la legislatura del estado lo anterior, a fin de que definan lo que en derecho corresponda, al tiempo que emite una circular pública en la que además de exponer la situación, anuncia que su gobierno está en el caso de desconocer y rechazar aquel incalificable atentado y excitar a los gobiernos y a los jefes de los estados a ponerse al frente del sentimiento nacional y desplegar la bandera de la legalidad...

  Es en esa misma fecha, 19 de febrero de 1913, cuando el gobernador Carranza sanciona y publica el decreto de la legislatura del estado mediante el cual se desconoce a Victoriano Huerta como titular del Ejecutivo que según él le confirió el senado y al mismo tiempo se le otorgan facultades extraordinarias al señor Carranza para armar fuerzas para defender el orden constitucional en la república.

 Con estos antecedentes el 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, del municipio de Ramos Arizpe, Coah. se emite el Plan de Guadalupe, que en 7 artículos resume las decisiones y acciones a seguir para volver al país al orden constitucional.

  Emitido el plan fue desde luego recibiendo el apoyo de los diversos estados de la república, las fuerzas revolucionarias que habían derrotado el porfiriato volvían a las armas ahora contra la usurpación y en defensa de un orden constitucional que por ahora les era arrebatado.

  Fue el 19 de abril de 1913, cuando una vez más la Legislatura del Estado, ahora a través de un decreto de la Diputación Permanente, "acepta, secunda y sanciona" el Plan de Guadalupe, reiterándole su validez jurídica.

  Conforme el transcurso de la lucha, además de las reformas y adiciones de que es objeto el plan, también con base en él se van expidiendo diversos decretos para mantener la secuencia y validez legal del movimiento revolucionario.

  Llegado el momento, en nombre del plan de Guadalupe se convocará a Congreso Constituyente, más tarde a los constituyentes locales y la celebración de las elecciones presidenciales, asimismo quedarán fijadas las bases para la transformación del Ejército constitucionalista en la base del nuevo Ejército Nacional.

  El Plan de Guadalupe como se puede apreciar es un documento histórico fundamental, no solo como la proclama que encendió una revolución, sino también porque viene a ser el sólido basamento del marco jurídico nacional que aún nos rige.