SAN FRANCISCO  — Una corte federal de apelaciones impidió el jueves al presidente Donald Trump poner fin inmediato a un programa de la era del exmandatario Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación, ya que _dijo_ la decisión del gobierno actual se basó en conceptos jurídicos equivocados.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó de manera unánime una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de Trump de cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Las demandas interpuestas por California y otras partes para impugnar la decisión del gobierno seguirán su curso en una corte federal mientras la orden judicial continúe vigente.

A la larga, la Corte Suprema podría decidir la suerte del DACA, que ha amparado a unas 700.000 personas traídas de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños o que llegaron con familias que se quedaron en el país al vencer sus visas.

Hace unos días, el gobierno de Trump adoptó la inusual medida de pedirle a la Corte Suprema que tomara el caso incluso antes de que cualquier tribunal federal de apelaciones lo hubiera examinado. Fue la segunda ocasión en que el gobierno federal solicitó que el máximo tribunal examinara su decisión sobre el DACA.

En el fallo del jueves, la jueza Kim Wardlaw dijo que California y los demás demandantes posiblemente tengan éxito con su argumento de que la decisión de cancelar el programa fue arbitraria y caprichosa.

El Departamento de Seguridad Nacional tomó medidas para poner fin al programa el año pasado por recomendación de Jeff Sessions, el recién despedido secretario de Justicia, quien alegó que el DACA era ilegal porque Obama carecía de la autoridad para implementarlo en primer lugar.

Eso fue incorrecto, escribió Wardlaw, haciendo notar que el gobierno federal tiene una larga y firmemente establecida historia de actuar a discreción para no aplicar la ley migratoria hacia ciertos grupos de personas. Los ejemplos incluyen la decisión del presidente Dwight D. Eisenhower en 1956 de extender una “moratoria de inmigración” a 30.000 refugiados húngaros que de otra forma no hubieran podido quedarse en Estados Unidos, y el programa de “Trato Justo Familiar” del presidente Ronald Reagan, el cual permitió que ciertos parientes de inmigrantes ilegales a los que se les había concedido amnistía permanecieran en el país.

Aunque el gobierno federal podría poner fin al DACA por su propia discreción, no puede hacerlo basándose en la creencia fallida de Sessions de que el programa excede la autoridad federal, señaló la corte.

“Aquí solo sostenemos que, donde el poder ejecutivo no tomó una decisión a su discreción para poner fin al DACA _sino que más bien actuó basándose en un punto de vista erróneo de lo que la ley requería_, la rescisión fue arbitraria y caprichosa”, escribió Wardlaw. “Como siempre, el gobierno es libre de reexaminar las políticas que elige, siempre y cuando al hacer eso no viole un mandato judicial ni ninguna protección constitucional o legal independiente”.

Dicho eso, los jueces también declinaron descartar los argumentos de que las acciones del gobierno podrían violar los derechos constitucionales de los beneficiarios del DACA. El efecto desproporcionado que la decisión tendría sobre los latinos podría ser inconstitucionalmente discriminatorio, señaló la corte, y los demandantes también efectuaron el alegato creíble de que violaría el debido proceso si el gobierno les daba la espalda y utilizaba en los procesos de deportación la información que ellos proporcionaron cuando se inscribieron al DACA.

El Departamento de Justicia no había respondido hasta el momento un correo que se le envió para conocer sus impresiones.