San Diego  — Un juez que fue objeto de críticas de Donald Trump durante su campaña presidencial falló el martes a favor del gobierno en una demanda que intentaba bloquear la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, lo que probablemente eliminó un gran obstáculo para la emblemática promesa de campaña del mandatario.

El juez de distrito Gonzalo Curiel rechazó los argumentos del estado de California y de grupos de defensa acerca de que el gobierno de Trump había excedido su autoridad al dispensar leyes que requieren revisiones ambientales y de otro tipo antes de que se pudiera comenzar la construcción del muro.

Los demandantes dijeron que una ley de 2005 que le dio al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para dispensar las revisiones, había expirado. La ley exoneraba a la dependencia de docenas de leyes si consideraba que un muro era cuestión de seguridad nacional.

Trump arremetió contra Curiel durante su campaña presidencial por la manera como resolvió las acusaciones de fraude contra la ahora extinta Universidad Trump, e insinuó que la ascendencia mexicana del juez había pesado en su decisión.

Curiel mencionó sus raíces en el fallo del martes, cuando citó al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el magistrado John Roberts, quien señaló en otro caso que las cortes no debían hacer juicios de cuestiones políticas.

“La corte no puede y no considerará si las decisiones subyacentes para la construcción de barreras fronterizas son políticamente sensatas o prudentes”, escribió Curiel en su fallo de 101 páginas.

La demanda fue la primera impugnación relevante contra el muro durante el mandato de Trump y la última en fracasar en los últimos años.

El Centro para la Diversidad Biológica, que interpuso la querella junto con el estado de California y tres grupos de defensa, señaló que apelaría la decisión.

“Están otorgando un poder extraordinario y sin precedentes a una directora de agencia, que no fue elegida, para ignorar docenas de leyes y acometer contra cientos de millas de una frontera espectacular”, dijo el abogado Brian Segge, en referencia a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. “Esto es inconstitucional y no debe de permitirse que persista”.

El fiscal estatal de California Xavier Becerra declaró por su parte que “evaluaremos todas nuestras opciones y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente y a nuestra economía de una extralimitación federal”.

El Animal Legal Defense Fund dijo que probablemente le pida a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga. Por su parte, el Sierra Club señaló que las revisiones ambientales y de otro tipo son cruciales para proteger a las comunidades fronterizas, pero el grupo no mencionó cuál será su siguiente paso.

Devin O’Malley, portavoz del Departamento de Justicia, recibió con agrado el fallo y dijo que el Congreso otorgó la autoridad para construir un muro sin demora y que el gobierno está complacido de que pueda continuar “este importante trabajo que es vital para los intereses de nuestro país”.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional Tyler Houlton agregó que “sencillamente, los muros funcionan”.

La decisión se produjo días después de que comenzó la construcción de una barrera de 9,1 metros (30 pies) de altura en Calexico, California. Es el primer proyecto del muro por parte del gobierno, además de los ocho prototipos en San Diego que fueron terminados en octubre.

El gobierno ha expedido tres dispensas desde agosto, dos para construir en algunas zonas de California y una para un área de Nuevo México. El gobierno del presidente George W. Bush emitió en su momento cinco dispensas que permitieron que el gobierno rápidamente extendiera las barreras hasta cubrir aproximadamente un tercio de la frontera.

El Centro para la Diversidad Biológica indicó en su querella que no se puede interpretar que la dispensa durará para siempre. El estado de California argumentó que la dispensa había expirado en 2008, cuando el Departamento de Seguridad Nacional cumplió en ese momento con los requerimientos del Congreso sobre cuánto se iba a construir de muro en la frontera.

Curiel escribió que la ley ciertamente “no es un modelo de precisión legislativa” y que ambas partes hicieron argumentos convincentes.

El juez rechazó cuestionar los hallazgos del gobierno sobre que las dispensas fueron emitidas en áreas de “alta entrada ilegal”, un requerimiento establecido por el Congreso. Los demandantes argumentaron que la impresionante disminución en los arrestos fronterizos demeritaba aquellas conclusiones.

Durante las dos horas y media de argumentos en este mes, Curiel cuestionó a ambas partes sobre el significado de la ley. El juez mostró gran interés en un requerimiento emitido a finales de 2007 para el Departamento de Seguridad Nacional sobre que debía consultar a otras agencias federales, a otros gobiernos estatales y locales, a tribus indígenas y a dueños de propiedades para minimizar el impacto de la construcción, lo cual, de acuerdo con los demandantes, el gobierno no hizo.

Curiel dijo en su fallo que la falta de detalles en la ley le impedía que pudiera concluir que el gobierno no consultó de forma debida a otras instancias.

Trump ha pedido 18.000 millones de dólares para extender el muro fronterizo, mientras la Casa Blanca y el Congreso se encuentran en un callejón sin salida. A principios de este mes, el Senado rechazó un plan apoyado por el gobierno para vincular el financiamiento del muro y fuertes recortes a la inmigración legal con permitir la estadía legal de los jóvenes inmigrantes que estaban protegidos de la deportación por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), implementado durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

Los prototipos de San Diego, que fueron construidos para guiar los futuros diseños y la sustitución del muro en Calexico, ya habían sido previamente financiados.

Curiel fue criticado por Trump por las demandas contra la Universidad Trump. El entonces nominado presidencial del Partido Republicano describió a Curiel como un “enemigo” que debería estar avergonzado, y destacó su ascendencia mexicana y el apoyo de Trump a un muro fronterizo.

Trump zanjó las demandas con 25 millones de dólares después de ganar las elecciones presidenciales, sin admitir que hubiera cometido alguna acción ilegal.