30/Apr/2024
Nacional

Critica Claudia Ruiz Massieu imposición sobre disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica

Ciudad de México.- Intervención de la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, para presentar voto particular, respecto del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Sesión Ordinaria vespertina, en modalidad a distancia.

 

Gracias presidente.

 

Presento este voto particular en nombre de las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del PRI.

 

Honorable Asamblea, hoy es una jornada negra para la vida del Senado mexicano, la mayoría que se impone sin razones y se impone por consigna.

 

El desconocimiento de la construcción de acuerdos elementales para procesar nuestras diferencias, es el desconocimiento del parlamentarismo.

 

Resulta penoso que bajo la conducción de la mayoría, el Senado carezca de voluntad propia.

 

La lealtad partidaria y la convergencia de objetivos con el Ejecutivo, son entendibles y corresponden a un fenómeno natural en política, pero ceder las formas y los procedimientos de una Cámara plural a los tiempos presidenciales, es rechazar la pluralidad democrática legítimamente representada en este Senado, y así, es todos los días desde que inició esta Legislatura.

 

Ayer, una falta a la palabra, no accedieron al Parlamento Abierto al que se habían comprometido para escuchar a la sociedad.

 

Ayer, tres violaciones reglamentarias: no explicaron el dictamen de la mayoría, acordaron unilateralmente reducir el tiempo de nuestras participaciones, y rechazaron la presentación y debate de reservas al articulado propuesto.

 

Hoy, un atropello aún mayor.

 

La minuta preferente tiene plazo, 30 días para llegar al pleno. Es garantía para el Ejecutivo y garantía para el Senado en este caso, pero también es garantía para la sociedad, hay un tiempo límite para analizar, para elaborar un dictamen y para recibir los puntos de vista que lo sustente, que no se controvierten al discutirse en el Pleno.

 

Si se tiene pleno constitucional y legal, y la mayoría para aprobarlo, solo el temor a la confrontación de las ideas y a la opinión informada de la sociedad, pudo llevar a la mayoría a reducir esta fase del proceso legislativo a la quinta parte del tiempo del cual disponemos como Cámara.

 

Eso no es cultura parlamentaria ni cultura democrática, pregonan pero no practican. Hablan sin cumplir y simulan por costumbre.

 

Pero vayamos al fondo de la propuesta que subyace en este dictamen, ¿qué modelo de participación del poder público se desea para las actividades económicas relacionadas con la generación de energía eléctrica y a quién beneficiaría?

 

Permítanme establecer dos premisas:

 

La primera, la organización de la participación de los entes públicos en la economía debe reflejarse en un beneficio acreditable para las personas, para quien puede y debe tener acceso a los bienes y servicios que se producen.

 

Segunda, la generación de energía eléctrica no consume ni utiliza necesariamente un bien finito de la nación, fabricar electrones o producir fluido eléctrico no merma la soberanía nacional, no hay una cuestión de soberanía sobre el patrimonio nacional como en los recursos petroleros del subsuelo.

 

Tenemos que distinguir también las fases de la actividad económica en esta materia, la generación que requiere inversión y regulación para afirmar eficiencia, competitividad y más bajo costo para la comunidad y personas. Eso contribuye a generar riqueza y criterios de justicia social para su distribución.

 

La transmisión, distribución y comercialización, cuyos elementos necesarios de rectoría y también de control por parte del sector público, son necesarios para el desarrollo equilibrado del país y que también requieren inversión y regulación.

 

En la generación, nuestro régimen jurídico permite desde hace décadas y en avance gradual, nuevos ámbitos para que el sector privado y social participen en el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica y geotérmica.

 

Déjenme decirles entonces que el modelo de participación de esos sectores en la generación de energía eléctrica, tiene una base constitucional.

 

Y parece muy ingenioso decir que ello no se afecta si en vez de tomarse como base para el despacho el criterio de la protección del medio ambiente y el menor costo de producción para beneficio del consumidor, se antepone por preferencia ideológica, a un generador del sector público por el solo hecho de serlo, pero la afectación del medio ambiente y de la salud y de la economía, va a ser alta y va a ser para las y los mexicanos.

 

¿Qué están pretendiendo proteger? la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad desplace competidores eficientes por el establecimiento de dificultades legales para acreditar la rentabilidad necesaria.

 

La posibilidad de que Petróleos Mexicanos destine el combustóleo resultante de los procesos de refinación del crudo al mantenimiento de las plantas obsoletas de la Comisión Federal de Electricidad.

 

La posibilidad de la reconstitución en los hechos, de la Comisión Federal de Electricidad de un ente monopólico en el sector, en vez de cumplir su mandato como empresa productiva del Estado, cuya esencia es actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

 

Este proyecto, como la forma de aprobarlo, es desaseado, es ilógico y su instrumentación no va a prosperar, pues por un lado se busca establecer disposiciones que abiertamente son contrarias al mandato vigente y subrayo vigente, porque no lo modifican en este proyecto, de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado.

 

Por otro lado, se obliga al Estado a obtener energía sucia, cara e ineficiente, se obliga al Estado a violar la ley, la Constitución y los tratados internacionales.

 

En el complejo equilibrio entre los derechos de las personas y las facultades de los órganos del poder público inscrito en el pacto constitucional y las leyes que de él derivan, está el debate de las ideas.

 

¿Más libertades y derechos o más potestades públicas y demás atribuciones?

 

El equilibrio, desde el punto de vista del PRI, está en dar al poder público la tutela preeminente y prioritaria de esos derechos reconocidos a las personas. Antes que tutelar al poder público, hay que salvaguardar los derechos de las personas. Así debe de ser siempre.

 

En el caso de un servicio indispensable para la promoción de mejores condiciones de vida para la población, en el PRI nos pronunciamos por la energía, la energía que no deteriora el ambiente, la energía que incorpora la vertiente de la salud de la gente, que disminuye los costos para el consumidor residencial, comercial e industrial, que contribuye a elevar la competitividad de México, y que respeta los compromisos contraídos con otros países para impulsar el desarrollo regional y mundial.

 

Lo anterior no como metas en sí mismas, sino componentes de una visión integral para el acceso equitativo a los beneficios del fluido eléctrico, y por su conducto, del bienestar.

 

Honorable Asamblea:

 

En el presente gobierno federal existe una confusión grave. El pueblo de México generó un mandato al Ejecutivo que no implicó ni podía nunca implicar la conculcación de la pluralidad democrática.

 

Una encomienda que se protestó cumplir con apego al imperio de la ley y el respeto a la Constitución, que establece su propio procedimiento de reforma.

 

No fue una encomienda para violentar el orden constitucional.

 

Una responsabilidad para conducir los asuntos públicos que no puede desconocer el lugar y el papel de México en el mundo que los compromisos que se asumen, particularmente los propios deben cumplirse.

 

Una tarea que con base en una propuesta legítima tiene que contrastarse con la realidad de nuestra sociedad y el mundo, pero sobre todo con la mira puesta en el horizonte de las condiciones de vida de las futuras generaciones.

 

El mundo moderno va de la mano de la energía limpia y renovable. Vulnerar la capacidad de generación de energía eléctrica al entronizar la ineficiencia, es comprometer el futuro de México.

 

Este proyecto es pésimo en todos sentidos. Viola los derechos a la salud y medio ambiente sanos que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución, viola el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley que señala el 14, los artículos 25, 27 y 28 en materia de competitividad, y acciones para generar empleo, y participación de los sectores privado y social en la economía, y la libre competencia.

 

Viola el 133 en materia de jerarquía de normas. Viola también un sinnúmero de leyes como la de Transición energética y la de Cambio Climático.

 

Infringe tratados y compromisos internacionales como el Acuerdo de Paris, el TIPAT, el T-MEC, el Tlecuem y un sinnúmero de acuerdos de protección recíproca de inversiones. Ello habrá de costarle mucho dinero al Estado mexicano.

 

Por lo que ustedes van a aprobar hoy, los mexicanos tendremos energía más cara y más sucia, habrá menos empleo, menos inversión, cerrarán comercios y empresas. Están cancelando el futuro de México y de nuestros hijos.

 

Hoy el grupo mayoritario honra como nunca, su compromiso de hacer historia. Una historia de obediencia ciega por encima del interés nacional.

 

Una historia que sacrifica el futuro del país por mantener un compromiso con el pasado.

 

Una historia que ha reducido al Senado de la Republica en una dependencia más del Ejecutivo Federal.

 

Lejos de defender la salud y la economía de las familias mexicanas en este difícil momento, la viabilidad y la competitividad de los comercios y empresas que se han visto tan afectadas por la pandemia, hoy ustedes de la mayoría, hacen historia legislando contra ellos.

 

Felicidades compañeros, van a pasar a la historia, porque empeñaron el futuro, la salud, y el medio ambiente de nuestros hijos.

 

Porque aprobaron una ley que viola la Constitución y las leyes, los acuerdos y tratados de los que México es parte, ustedes los senadores de la mayoría.

 

Cuando por muchos lustros tengamos que pagar compensaciones millonarias a los inversionistas privados extranjeros y mexicanos, cuyos derechos ustedes estarán violentando hoy, cuando las legislaturas del futuro les reclamen haber vulnerado la dignidad del Senado reducido a esa oficialía de partes, cuando las generaciones que vendrán les reclamen la pérdida de credibilidad y confianza en México por parte del mundo, y reclamen la realidad de un país sin empleo, con un medio ambiente sucio y deteriorado, podrán decir con gusto, que hoy hicieron historia, una triste y negra historia.

 

Lamentamos esta jornada negra para el Senado de la República.

 

Muchas gracias.