CIUDAD DE MÉXICO - El rápido crecimiento de las empresas de seguridad privada que operan sin regulación en México ha contribuido a un aumento de la corrupción, violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza, según un reporte publicado el martes.
La anarquía, avivada por el crimen organizado y la corrupción, ha impulsado la demanda de servicios de seguridad privada, creando un mercado que vale miles de millones de dólares, dijo un reporte de Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington, Estados Unidos.
En un país con elevados índices de inseguridad, unas 8,000 compañías de seguridad privada, o hasta 80 por ciento del mercado total, opera fuera de la regulación gubernamental, detalló el reporte.
En el 2017 México registró su tasa de homicidios más alta desde el comienzo de los registros modernos y las firmas también enfrentan niveles crecientes de hurtos, asaltos, robo de carga y extorsión.
“La falta de supervisión y aplicación de reglas ha llevado a casos en los que corrupción, los abusos de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza no han sido controlados”, señaló el reporte de Diálogo Interamericano.
En México, la burocracia incrementa el tiempo y los costos de registrar una compañía de seguridad privada. Pero incluso cuando una está registrada, hay poco control por parte del Gobierno, lo cual ha impulsado el crecimiento de pequeñas empresas en el sector, dijo el reporte.
“Es más fácil simplemente encontrar un grupo de amigos y comenzar a ofrecer servicios a negocios locales cercanos que necesitan seguridad pero no pueden pagar los precios, más los impuestos de las firmas reguladas”, dijo James Bosworth, un investigador que trabajó en el reporte.
Esa proliferación de personal de seguridad armado operando sin supervisión crea riesgos, según el reporte.
El Consejo de Seguridad Nacional estimó que en el 2016, la industria formal -que no incluye las firmas no regulados- valía 1,500 millones de dólares, un aumento de un 180 por ciento desde el 2012.
Bosworth dijo que incluso las empresas registradas tenían poco incentivo para seguir las reglas porque el Gobierno rara vez castiga aquellos que cometen abusos o “pierden” armas de fuego, que pueden terminar en manos de delincuentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, que expide licencias de armas de fuego a empresas de seguridad privada, y la Secretaría de Gobernación, que registra las empresas de seguridad privada, no respondieron a solicitudes de comentarios.
