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Tras absolución, presidente de Brasil aún enfrenta desafíos para seguir en el cargo

BRASILIA - Tras la absolución del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el juicio que podí­a resultar en la casación (anulación) de su mandato por supuestas irregularidades en las elecciones de 2014, el presidente Michel Temer deberá enfrentar aún una serie de desafí­os para mantenerse en el cargo.

El TSE absolvió hoy por cuatro votos contra tres a la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer de los cargos por abuso de poder económico y polí­tico, por lo que el presidente Temer retuvo su mandato presidencial, que ocupa desde la destitución de Dilma Rousseff el año pasado.

La demanda habí­a sido presentada por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) del candidato derrotado Aecio Neves, quien denunció un financiamiento ilegal en la campaña de 2014 para la fórmula vencedora.

Todos los jueces de la Corte reconocieron que hubo ilegalidades en las elecciones de 2014, pero cuatro decidieron descartar un importante número de pruebas en función de que no tení­an, a su criterio, relación directa con la denuncia presentada originalmente por el PSDB.

El factor decisivo para el resultado final del proceso fue la anulación de las evidencias ofrecidas por la constructora Odebrecht y los publicistas de la campaña Rousseff-Temer de 2014, en delaciones premiadas a la Justicia este año.

La decisión fue liderada por el presidente de la Corte, Gilmar Mendes, con apoyo de los jueces Napoleao Nunes Maia, Admar Gonzaga y Tarcí­sio Vieira, estos dos últimos recientemente nombrados por Temer para integrar el TSE.

Desde el punto de vista del proceso jurí­dico, el elemento más polémico fue el cambio de posición de Mendes, quien el año pasado, cuando el blanco principal en el TSE era la entonces presidenta Rousseff, votó a favor del uso de pruebas de la Operación Lava Jato (Lavadero) en el juicio, lo contrario de su voto final de hoy.

Entre los elementos probatorios descartados está un pago comprobado de 150 millones de reales (45 millones de dólares) en fondos no declarados para la fórmula Rousseff-Temer, otra evidencia entre un "océano de pruebas" que no fueron consideradas, según el relator del caso, el juez Herman Benjamin.

Además, apuntó Benjamin, hubo 40 millones de reales (12 millones de dólares) aportados "legalmente" y declarados en la campaña que provení­an de fondos públicos desviados, lo que serí­a por sí­ sólo suficiente para suspender el mandato.

El relator señaló que el financiamiento ilegal y los sobornos no sólo alcanzaban al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, sino a los principales partidos, incluyendo al PSDB que presentó la demanda.

En medio de la sesión final, integrantes de la fuerza responsable por la Lava Jato criticaron la actitud de la mayorí­a de los integrantes de la Corte electoral, que votarí­a por rechazar las pruebas.

El procurador Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que las denuncias de corrupción no sólo muestran el cinismo de la clase polí­tica, sino que "el verdadero colmo del cinismo es la ceguera intencional de la mayorí­a de los jueces del TSE con relación a la corrupción expuesta por el acuerdo del Ministerio Público Federal con Odebrecht".

Para Temer, la decisión favorable en el TSE abre una oportunidad para "dar vuelta el juego", como dijo hoy el presidente a sus asesores, y aliviar la severa crisis polí­tica que estalló a mediados del mes pasado.

Pasado el riesgo de pérdida del mandato en la Justicia Electoral, el gobierno tendrá como prioridad en los próximos dí­as contener la amenaza del PSDB, principal aliado del PMDB en la coalición gubernamental, de dejar la base del gobierno.

Los lí­deres del PSDB se reunirán el próximo lunes para definir su permanencia en el gobierno, aunque las indicaciones son por mantener el apoyo a las reformas propuestas por Temer al Congreso, pero dejar los cargos en el gabinete ministerial.

Asimismo, se espera que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente una denuncia contra Temer ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por obstrucción de justicia, asociación ilí­cita y corrupción pasiva.

Para que la denuncia sea aceptada, según la legislación brasileña, debe pasar primero por el filtro de la Cámara de Diputados, en la que Temer precisa del apoyo de al menos 172 diputados para no ser procesado.

La denuncia se basa en la delación premiada de los empresarios Joesley y Wesley Batista, de la multinacional cárnica JBS, que incluyó una grabación de una conversación en la que el presidente supuestamente da el aval para el pago de sobornos.

En caso de que el proceso fuera abierto formalmente en la Suprema Corte, Temer deberí­a ser apartado temporalmente del cargo hasta su conclusión.

Con el fin de ganar apoyo legislativo contra el proceso, el gobierno reforzó sus ofertas de cargos y enmiendas para mantener su base unida, en especial a los pequeños partidos del centro polí­tico, que podrí­an ocupar los cargos dejados en una posible salida del PSDB.

En el terreno económico, la preocupación de los analistas del mercado es que en las próximas semanas Temer se preocupe más en concentrar sus esfuerzos en mantener el poder, que en la agenda de reformas (de seguridad social y laboral), que deben enfrentar más dificultades para ser aprobadas.

Otro desafí­o que deberá ser sorteado por Temer son los numerosos pedidos de juicio polí­tico en su contra presentados en el Congreso por diversos partidos de oposición con base en la delación premiada de JBS.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aliado de Temer, indicó que pretende rechazarlos, pero la posible reducción de la base aliada aumenta el riesgo de que los pedidos sean contemplados.