Londres -  Un gobierno frágil, un campo minado legislativo y una economía nerviosa constituyen el marco en el que Gran Bretaña intenta hacer realidad su decisión de salir de la Unión Europea.

Las negociaciones con el bloque están estancadas en torno a las condiciones del divorcio, y desde el martes el gobierno de la primera ministra Theresa May enfrenta una dura batalla para hacer aprobar su ley fundamental para el Brexit en un Parlamento dividido.

El proyecto de ley Unión Europea (Retiro) busca impedir un vacío legal al convertir unas 12.000 leyes europeas en británicas el día que el Reino Unido salga del bloque en marzo de 2019.

Pero muchos legisladores dicen que el proyecto da al gobierno un poder excesivo para enmendar las leyes sin participación parlamentaria. Y los adversarios del Brexit _tanto de la oposición como del Partido Conservador de May_ tratarán de enmendarlo para suavizar las condiciones de salida.

La Cámara de los Comunes tendrá ocho días de debates, y los legisladores han presentado cientos de propuestas de enmiendas, cada una de ellas un reto para un gobierno minoritario que depende de un pequeño partido norirlandés para no ser derrotado en las votaciones cruciales.

Un grupo de conservadores europeístas amenaza con derrotar al gobierno a menos que haga concesiones para evitar el “Brexit duro”, es decir, una salida sin acuerdo sobre las relaciones comerciales que muchas empresas temen sumirá a la economía en el caos.

Con tal de apaciguar a los rebeldes, el gobierno ha prometido al Parlamento que podrá votar sobre cualquier acuerdo alcanzado con la UE antes de la salida.

Pero el secretario de Brexit, David Davis, dijo que la opción será “tómalo o déjalo”: si el Parlamento rechaza el trato, Gran Bretaña saldrá del bloque sin haber logrado un acuerdo.

Para muchas empresas, ésa es la peor alternativa, ya que significaría tarifas y trabas burocráticas que podrían paralizar el comercio entre el Reino Unido y el bloque.