Un grupo especial conformado por la Policía Judicial, Dijín y  la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, rastrea los movimientos bancarios - cuentas de ahorro, corriente y tarjetas de crédito - de los 21 colombianos - 18 capturados y tres muertos - que habrían participado en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Son tres líneas de rastreo las que se adelantan. La primera: sobre un  giro de 50.000 dólares que habrían recibido el sargento en retiro, Duberney Capador, muerto en la reacción de la Policía de Haití y Germán Rivera (capturado).

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Los peritos tratan de establecer si la suma en dólares fue entregada por la empresa radicada en Estados Unidos, CTU Security, a Capador y Rivera, quienes habrían utilizado el dinero para la logística de la acción armada. En esta fase se trabaja coordinadamente con agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI.

"Logística que abarca la entrega de la dotación - botas, uniformes - y gastos de alimentación y vivienda en Haití", dijo a EL TIEMPO una fuente.

La misma, aseguró que los militares en retiro "no alcanzaron a recibir ningún dinero por la operación o por su trabajo durante el primer mes en Haití", al resaltar que así se lo han hecho saber a las autoridades del país caribeño tras escuchar las primeras versiones de los capturados.

Precisamente, esa es la segunda línea de investigación financiera, establecer  al menos durante este año, los activos de cada uno de los capturados en Puerto Príncipe, créditos, gastos, deudas, "todo lo que permita determinar si había una actividad previa que demuestre un incremento patrimonial no justificado", aseguró la fuente

Y la tercera , hace referencia a la búsqueda de dos de los presuntos implicados en los hechos registrados en Haití, "de quienes no sabemos sí salieron de Haití o están muertos", señaló la fuente.

Uno de ellos, Ronald Rivera, un capitán en retiro de la Policía, que hizo el curso de piloto fuera de la institución; y Mario Palacios. "Contra ellos no hay ningún requerimiento oficial o una orden de captura, solo se esta verificando su paradero", señaló la fuente.

Son tres los colombianos que estuvieron en Haití -  que pudieron salir de Puerto Príncipe - antes del magnicidio y que son buscados en Colombia, entre ellos un hermano del capitán Rivera, y para tal fin también se esta "siguiendo el rastro financiero, uso de tarjetas débito y crédito", puntualizó la fuente

La investigación podría abarcar al núcleo familiar de los señalados, quienes a través de la Cancillería están recibiendo asesoría y apoyo de abogados como lo obliga la ley.

De igual forma, la fuente señaló que toma fuerza la hipótesis de que Capador y Rivera reclutaron a los militares en retiro "para prestar seguridad al presidente de Haití y a otros altos dignatarios. Pero estando allá, los convencieron de que Moïse era malo para la democracia, así que la operación dio un giro de 180 grados", señaló la fuente quien aseguró que de prestar seguridad los habrían convencido de asesinarlo.Creada el 13 de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador único a Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho tamaulipeco ligado a Odebrecht.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya sirvió como consultor de Odebrecht desde 2009, y fue por su intermediación que el entonces director de la constructora brasileña, Luis Weyll, se acercó a financiar en 2010 la campaña de Javier Duarte en Veracruz, con una aportación de 500 mil dólares, y de Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, con 350 mil dólares.

En la acusación de la FGR, formalizada en el juicio contra Lozoya, se menciona que en retribución por el apoyo a su campaña, Duarte le asignó directamente a Odebrecht la concesión para construir una presa en la cuenca del río Los Pescados. Para ello, el gobierno veracruzano creó la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV, en la que aportaría 355 millones de fondos públicos.

En la administración de esta empresa mixta participó uno de los despachos tamaulipecos involucrado en la creación de la red fantasma utilizada para el traspaso de sobornos de Odebrecht.