• Se ha dañado la confianza de los inversionistas y vulnerado las instituciones en detrimento de la democracia constitucional y el equilibrio de poderes.

Se acerca el primer “Informe” anticipado del Ejecutivo federal, para el próximo 1º de julio, en el que esperamos explicaciones sobre los serios tropiezos del nuevo gobierno en apenas siete meses de ejercicio.

El balance es negativo, pues se ha dañado la confianza de los inversionistas y vulnerado las instituciones en detrimento de la democracia constitucional y el equilibrio de poderes. La ineptitud y la necedad ensombrecen el futuro de México.

Sería deseable que el Ejecutivo federal rectifique su estrategia, cancele proyectos sin sentido y retome algunos que podrían reconducir el desarrollo nacional.

Ante un escenario económico en recesión, el Poder Judicial ha suspendido, con base en el derecho vigente, las obras del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía y la pretendida inundación de Texcoco.

A lo anterior debemos sumar la reversión judicial de la cancelación del proyecto de Zonas Económicas Exclusivas, lograda por una empresaria guatemalteca, así como cientos de amparos contra la Ley de Remuneraciones Máximas y la sentencia de la SCJN que obliga a restituir los salarios, reducidos en forma arbitraria en 2018, a los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Los reveses legales exigen un detenido análisis de parte del gabinete federal ante las decisiones, ilegales e injustas, del gobierno actual, que han tenido que ser frenadas mediante los instrumentos de la justicia.

Las decisiones de los jueces se fundamentan en el hecho de que los proyectos adolecen de estudios objetivos e imparciales de impacto ambiental, de riesgos en el tráfico aéreo, de costo-beneficio socioeconómico, de afectaciones al empleo y de viabilidad financiera y porque es evidente la ausencia de planeación estratégica, estudios técnicos y proyectos ejecutivos satisfactorios.

Poco cabe esperar del referido “Informe”, sino más diatribas, descalificaciones y amenazas, como las que ha utilizado el Ejecutivo federal contra organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, expertos independientes y entidades internacionales especializadas, que han objetado las evidentes faltas a la racionalidad social, económica y ambiental.

A cinco meses de cumplir el primer año de ejercicio, el gobierno está enfrentado a buena parte de la sociedad organizada, a la que califica de irresponsable, bola de “cretinos” movidos por oscuros intereses.

Ante la última embestida contra la Coparmex y otros organismos cívicos, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados respondió con firmeza y dignidad al hacer ver al Presidente que es “inapropiado que el Ejecutivo intervenga en asuntos jurisdiccionales”, exhortándolo a “mantener un auténtico Estado de derecho… abstenerse de realizar (acciones)… que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas… o en contravención a la división de poderes”.

Preocupa que, así como ignora las decisiones jurisdiccionales y desdeña los controles constitucionales, el Presidente persista en cancelar obras programadas y en marcha, sin mediar más que una “consulta” a mano alzada —como el Metrobús de Durango, que conectaría a Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Es inquietante que el Ejecutivo federal esté guiado por prejuicios, fantasías y obsesiones íntimas, mientras la parálisis económica y la violencia se extienden por todo el país. El gobierno está rebasado por la realidad y nada ni nadie es capaz de hacerle entrar en razón. De seguir así las cosas, el golpe de realidad lo pagaremos todos los mexicanos.