Un total de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos son el presupuesto público aprobado para los partidos políticos nacionales en 2023, esto de acuerdo con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 10 de agosto, en una sesión extraordinaria el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares”.

Riteró que cada año el INE calcula el monto del financiamiento que reciben los partidos, con base en una fórmula establecida en la Constitución. Dicha fórmula de cálculo, enfatizó, “no admite debate o negociación alguna”, sino que es un mandato establecido en el artículo 41 constitucional.

A la par, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, argumentó que el presupuesto aprobado tambipen tiene como propósito de evitar que el INE se vea en la “tentación de venderse a intereses privados”.

“El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”, dijo.

El Consejero Espadas agregó que “cada uno de los pesos que la sociedad mexicana va a invertir en 2023 financiando a los partidos políticos es una cantidad muy superior de dinero que se ahorra en relación a lo que ocurriría, si las elecciones estuvieran sometidas a subasta entre los grandes capitales”.

Llaman a partidos políticos a hacer uso responsable de financiamiento

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña llamó a los partidos políticos a hacer un uso responsable de los recursos asignados, “demostrando que serán empleados de acuerdo con la normativa aplicable vigente y que cumplen con la funcionalidad para la que son designados, que deberán de aplicar el financiamiento para los fines establecidos en la normativa, transparentando su uso y destino, así como rendir cuentas no sólo a esta autoridad, sino a la sociedad”.

La posibilidad de una Reforma Electoral

Una de las principales propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la propuesta de Reforma Electoral.

El mandatario mexicano presentó desde el 28 de abril su iniciativa con proyecto de decreto en materia política-electoral, con lo que promueve 12 modificaciones que trascenderán tanto al poder legislativo como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la cual se esperan 20 mil millones de pesos en ahorros tan sólo de la burocracia nacional.

Al respecto, los detractores de la Cuarta Transformación (4T) se mostraron escépticos, a tal grado que sentenciaron que esta reforma lo que busca es la supresión del árbitro electoral para que las siguientes elecciones se hagan desde el gobierno federal y no desde un organismo independiente como el INE.

1.- La primera y más notoria modificación que planteó AMLO fue transformar al INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

2.- Promueve la elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, dinámica que se realizaría el primer domingo de agosto y los candidatos serían postulados por los Poderes de la Unión.

3.- Desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales, además que se promueve la federalización de las elecciones, esto para eliminar burocracia innecesaria.

4.- Eliminación de las diputaciones bajo principio de representación proporcional (plurinominal) y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías. Actualmente, en México hay 500 diputados y 128 senadores.

5.- Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.

6.- Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio. Esto, de igual modo, es para reducir la burocracia en las administraciones municipales.