Washington - El Congreso de Estados Unidos terminó el viernes con una breve paralización del Gobierno al llegar a un acuerdo de amplio alcance, que se espera que eleve el déficit presupuestario a una zona de 1 billón de dólares anuales.

El proyecto de ley se aprobó por un amplio margen en el Senado y sobrevivió a una rebelión de 67 conservadores republicanos en la Cámara de Representantes gracias al apoyo de algunos demócratas. Esos conservadores estaban mayormente en desacuerdo con aumentos en el gasto no militar.

El presidente Donald Trump convirtió la medida en ley el viernes por la mañana, poniendo fin a una paralización del Gobierno que comenzó justo después de la medianoche, cuando el Congreso seguía debatiendo el acuerdo de presupuesto.

Ésta fue la segunda paralización del año bajo el Congreso controlado por los republicanos y Trump, quien jugó un papel menor en los intentos de los líderes del partido esta semana por cerrar meses de discusiones presupuestarias.

El acuerdo es la quinta medida temporaria de financiación del Gobierno para el año fiscal que comenzó el 1 de octubre y llena los cofres federales hasta el 23 de marzo, lo que da a los legisladres más tiempo para redactar un presupuesto de todo el año.

También extiende la autoridad de préstamo del Gobierno de Estados Unidos hasta marzo de 2019, evitándoles a los políticos de Washington votaciones difíciles sobre deuda y déficits hasta después de las elecciones legislativas de medio término en noviembre.

Alguna vez conocido como el partido de los conservadores fiscales, los republicanos y Trump ahora están expandiendo rápidamente el déficit del presupuesto estadounidense y su deuda nacional de 20 billones de dólares. Su proyecto de ley impositiva aprobado en diciembre sumará un estimado de 1,5 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos 10 años.

El acuerdo de presupuesto del viernes autoriza 165.000 millones de dólares en gasto de defensa adicional en dos años, que le ayudará a Trump a cumplir su promesa de reconstruir el Ejército. La medida recibió el apoyo de muchos republicanos, pero otros cuestionaron los 131.000 millones de dólares extra destinados a gastos no militares, como salud e infraestructura.