Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, llega a su Cuarto Informe de Gobierno desgastado y con su popularidad hundida en el abismo más profundo de la opinión pública neolonesa.

Este miércoles 9 de octubre asistirá al Congreso del estado a presentar su Informe, fecha impuesta por los legisladores, debido a que el gobernador había planteado informar el viernes 11 de octubre.

Pero esa no es la única imposición que los diputados locales aplicarán a “El Bronco”, porque está en discusión en el Congreso el instruir un procedimiento, que algunos legisladores han mencionado sería un “juicio político”, para buscar sancionarlo.

Y es que antes de renunciar a su cargo de magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora emitió un fallo en contra de que el Congreso del Estado de Nuevo León sancione al gobernador, con base a una jurisprudencia.

Pero el Congreso continúa habilitado para instruir el procedimiento, el cual volvería a ser revisado por la SCJN.

El procedimiento contra “El Bronco” se debe a que éste utilizó personal público estatal para recabar las firmas que necesitaba para competir como candidato a la Presidencia en 2018.

Pero además de esta violación, que expuso al gobierno independiente de Rodríguez Calderón a la revancha política de los partidos en el Congreso, el ejecutivo estatal pasa por sus peores días al frente del estado.

Encuestas, redes sociales, cafés políticos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, reprueban la gestión del gobernador de Nuevo León, quien hace dos meses fue el mandatario estatal peor evaluado de los 32 en el país, según una encuesta de Consulta Mitofsky.

En Nuevo León solamente hay decepciones sobre el primer gobernador independiente que logró ganar una gubernatura en el país.

Quizás el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su padre, Humberto Medina Ainslie, despertaron la sed de justicia en la sociedad regiomontana por su enriquecimiento inexplicable.

Pero hoy, Rodríguez Calderón despierta un desprecio palpable en la sociedad.

Y es que quizás “El Bronco” nunca comprendió que él no fue el gran ganador de las elecciones del 7 de junio de 2015 en Nuevo León, que realmente la gente no votó por él, sino en contra del PRI y del PAN. Fue un voto de castigo.

No fue el candidato ideal para los neoloneses, era la única opción para dejar fuera del gobierno estatal al PAN y al PRI.

Hasta “la raza”, como le llamó Rodríguez Calderón constantemente al electorado popular de Nuevo León, hoy lo acusa de boca en boca de actos de corrupción.

A su caída en popularidad y acusaciones de corrupción se suma su nula obra pública. Este año Nuevo León esperaba que se asignaran alrededor de 4 mil millones de pesos para obras de infraestructura que considera prioritarias.

Sin embargo en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2020, se contemplan 562.1 millones de pesos.

Transporte deficiente

La movilidad en el Área Metropolitana de Monterrey se concentra en automóviles particulares porque el transporte público es lento, deficiente y costoso para los usuarios.

Y el gobierno de Rodríguez Calderón rompió la relación con los prestadores del servicio de camiones urbanos, persigue al transporte de aplicaciones como Uber y DiDi, y no ha podido terminar la Línea 3 del Metro que quedó como un “elefante blanco” desde la administración del exgobernador Medina de la Cruz.

Un estudio del Consejo Cívico de Nuevo León indica que en el Área Metropolitana de Monterrey el 49.5 por ciento de los viajes se realizan a través de un medio motorizado que no es colectivo (auto particular, taxi convencional o de aplicación e incluso motocicleta).

El promedio de tiempo que se invierte en un viaje en transporte colectivo es de 102 minutos, en contraste con unos 53 minutos del transporte privado, por lo que ese es otro factor hacia el uso del auto particular.

También, el estudio señala que los usuarios optan por no utilizar el transporte colectivo por la saturación del mismo.

La ruptura de “El Bronco” con los concesionarios del servicio de transporte público de camiones en el Área Metropolitana de Monterrey ocurrió luego de meses de polémica entre estos empresarios y el gobierno estatal, por el aumento a las tarifas que los transportistas exigieron y que el Estado no autorizó.

Esto provocó que algunas rutas de transporte hayan sido retiradas y otras operen en forma deficiente, porque los concesionarios aseguran que con la tarifa actual no es posible brindar un servicio de calidad. Los concesionarios acusan a “El Bronco” de buscar apropiarse de algunas rutas de transporte a través de prestanombres.

También, la Agencia Estatal del Transporte, que dirige Noé Gerardo Chávez Montemayor, ha detenido y confiscado vehículos a trabajadores del volante de aplicaciones, bajo el argumento de que no están contemplados en la ley, pero es que la nueva legislación de movilidad está “congelada” en el Congreso del estado.

Y Rodríguez Calderón no sólo ha fallado en destrabar la Ley de Movilidad en el Congreso para agregar el transporte de aplicaciones, también ha errado al destrabar la entrada en operaciones de la Línea 3 del Metro.

Ésta quedó casi concluida por la administración estatal anterior, pero sin los vagones, que tampoco han podido ser adquiridos por el gobierno de “El Bronco” en sus cuatro años al frente del Estado.

NL sin escuelas

Las preprimarias y escuelas, el primer recinto educativo para un niño y que recordará por el resto de su vida, ahora se ha convertido en esta entidad industrial, y que siempre fue vanguardia en educación, en una amarga experiencia para una gran parte de la niñez.

Terrenos sin árboles, sin jardines, con baños y aulas móviles, son las instalaciones donde muchos niños de esta entidad empiezan sus estudios.

Incluso, Héctor Gutiérrez de la Garza, ex titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), dijo que las aulas provisionales, diseñadas originalmente para situaciones de desastre o emergencia, se han convertido en un recurso recurrente en el sexenio de Rodríguez Calderón.

"Las aulas móviles son caras, son inseguras, pero son un gran negocio para alguien desde hace un buen rato”, expresó Gutiérrez de la Garza.

Dron de 57 millones de pesos

El gobierno de Nuevo León anunció en abril de este año la adquisición de un dron, para labores de vigilancia y geolocalización de criminales, de la Secretaría de Seguridad Pública, con las capacidades que muchos modelos de este tipo de dispositivos tienen, pero a un costo de 57 millones de pesos.

Ante las críticas de la opinión pública por esta compra, el gobierno del estado publicó un video de las funciones de este dron, las mismas que muchos otros cubren, y posteriormente desapareció el equipo por varios meses, a la vez que negaba transparentar la información en detalle sobre el dispositivo tecnológico.

Después, el gobierno anunció que el dron estaba en operaciones en un municipio del norte del estado y un grupo de ciudadanos presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el costo-beneficio de esa adquisición.