La Fiscalí­a Anticorrupción resolvió en el caso del cobijagate que la empresa que vendió los 200 mil cobertores reparará el daño al erario público entregando 60 mil cobertores mientras que la Contralorí­a Estatal impuso sanciones económicas a Rogelio Benavides exSubdirector de Administración y el Director administrativo con 100 dí­as de salario mí­nimo y giró apercibimientos públicos y privados a involucrados en la compra millonaria.

Se recordará que fue denunciada la compra de 200 mil cobertores al triple de lo que en el mercado costaba y por los que se pagó un monto de 29 millones de pesos en diciembre pasado y a siete meses de que salió a la luz pública la Fiscalí­a resolvió la anterior.

La empresa Comercializadora Mirof S A quien vendió al Gobierno del Estado los 200 mil cobertores a tres veces más del precio en el mercado, compra que hizo el entonces Subsecretario de Administración Rogelio Benavides Pintos, se comprometió a entregar 60 mil artí­culos para resarcir el daño al erario público, pues esta cantidad es la que no cubrí­a con las especificaciones exigidas..

De esta manera señala la Fiscalí­a Anticorrupción se extingue la posible acción penal que pudiera corresponderle, expresó su titular Ernesto Canales quien dijo que hasta el momento no se han encontrado datos suficientes para estimar que cometieron algún delito los servidores públicos involucrados en el proceso de subasta, adjudicación del contrato y entrega-recepción de dichos cobertores.

Los cobertores tendrán la medida y peso señalados en la ficha técnica de la subasta electrónica inversa realizada en diciembre del año pasado: de 2 a 2.200 kilogramos y de 1.65 a 1.70 metros de ancho por 2 a 2.10 metros de largo.

Los 60 mil cobertores equivalen al 30 por ciento de los 200 mil artí­culos adjudicados en esa subasta, algunos de los cuales no cumplieron con tales especificaciones, ante la emergencia con la que debí­an ser distribuidos.

Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción, dijo que en la indagatoria compareció, entre otros, el representante legal de Comercializadora Mirof, quien declaró que por un error, el 24 de diciembre entregaron 60 mil cobertores con dimensiones distintas a las licitadas en la subasta.

Luego de una inspección de esta dependencia a muestras de las pacas de cobertores entregados, se corroboró que 30 por ciento de los cobertores no cumplí­a con los requisitos de la licitación.

"Este acuerdo muestra el brazo conciliador de la Fiscalí­a, pues conseguimos que el proveedor reparara el daño al erario público. Y esta Subprocuradurí­a está dispuesta a aplicar el mismo criterio en situaciones similares", indicó Canales.

SANCIONES

Por otra parte, Contralorí­a y Transparencia Gubernamental informó que las Secretarí­as responsables de la licitación de los cobertores, Finanzas y Desarrollo Social, analizaron las pruebas presentadas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, por los servidores participantes en dicha licitación.

Tomando en cuenta la reparación del daño realizada por Comercializadora Mirof, la Secretarí­a de Finanzas y Tesorerí­a General del Estado impuso sanción económica de 100 dí­as de salario y amonestación a los siguientes servidores públicos:

· Rogelio Benavides Pintos, ex Subsecretario de Administración.

· Gonzalo Padilla Orozco, Director de Adquisiciones.

A los integrantes de la Tesorerí­a en el Comité de Adquisiciones no se les estableció sanción alguna, ya que las conductas que les eran atribuidas no se encontraban dentro de sus funciones.

Por su parte, la Secretarí­a de Desarrollo Social una vez desahogados los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa dictó las siguientes resoluciones, respecto del caso de los cobertores:

-Helena Silva Parra, Directora Administrativa: sancionada con apercibimiento privado.

-Evelí­n Marcela Arzate Ruiz, representante ante el Comité de Adquisiciones: inexistencia de responsabilidad administrativa.

- Pedro Antonio Valadez Rodrí­guez, Coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa: sancionado con apercibimiento privado.

En tanto que la Contralorí­a emitió resolución respecto de uno de sus servidores públicos participantes en el caso:

-Jesús Efraí­n Mazatán Parra, representante de la Contralorí­a en el Comité de Adquisiciones: sancionado con apercibimiento público.