Con el objetivo de promover la integridad en el sector público, el Gobierno de Nuevo León y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron hoy dos convenios de colaboración.
Los documentos fueron firmados por el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, y por José íngel Gurría, Secretario General de la OCDE, quienes contaron con la firma como testigo de honor de Javier Vargas Zempoaltecatl, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Al ser la OCDE un referente mundial en temas de integridad y buenas prácticas de compras públicas, el Gobierno del Estado le propuso realizar, como parte de su programa de trabajo, estudios sobre la política de compras públicas y para promover la integridad en el sector público.
En el trabajo sobre compras públicas, la OCDE realizará un análisis de la legislación y el marco institucional, así como los procesos de compras del Gobierno de Nuevo León, con el propósito de fortalecer las políticas públicas en la materia e implementar buenas prácticas.
La OCDE también impartirá talleres para capacitar a los funcionarios de compras y a aquellos encargados de combatir la corrupción, haciéndose acompañar de expertos de sus países miembros.
Además, llevará a cabo un estudio para promover la integridad en el sector público, en donde se busca el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, con la finalidad de asegurar un crecimiento incluyente y sostenido a largo plazo y la confianza en las instituciones gubernamentales.
Con esto se profundizará en la creación de sistemas de integridad, dando pie al desarrollo de un Sistema Estatal Anticorrupción, tal y como la reforma constitucional demanda a las entidades federativas.
Nuevo León es la primera entidad federativa con la que se llevará a cabo un estudio completo sobre las políticas de compras públicas, y se suma al trabajo de otros estados como Coahuila y Ciudad de México en materia de integridad.
A la firma, realizada en la Ciudad de México, acudieron también el Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Fernando Elizondo Barragán, y la Contralora General Nora Elia Cantú.
