En todo sistema democrático, el equilibrio y la separación de poderes son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un papel crucial como máximo intérprete de la Constitución y garante de su cumplimiento. Así lo ha demostrado al fallar en contra de iniciativas del Poder Ejecutivo que tienen un claro tufo de inconstitucionalidad, especialmente el período de la Presidenta Ministra Norma Lucía Piña.

 Los fallos de la SCJN en contra del Plan B de la reforma electoral; invalidar el decreto del Ejecutivo que declaraba como de seguridad nacional e interés público a todas las obras prioritarias de este sexenio así como la resolución para que la Guardia Nacional no sea parte del ejército, son solo algunas de las acciones que han motivado ataques verbales desde las mañaneras y acciones violentas, que en algunos casos se pueden asumir como amenazas, como el hecho de llevar al edificio de la Corte una ataúd con la imagen de la ministra.

 La SCJN es una institución independiente encargada de interpretar y aplicar la Constitución. Su función principal es proteger el equilibrio de poderes establecido en la Carta Magna, evitando que el Ejecutivo o el Legislativo abusen de su autoridad y se excedan en sus facultades. Esta facultad de control constitucional permite a la SCJN corregir arbitrariedades y garantizar que los actos de los poderes públicos estén acordes con los principios fundamentales establecidos en la Constitución.

 Gracias al compromiso con la justicia de la mayoría de los Ministros la Corte defiende las libertades individuales de las y los mexicanos consagradas en la Constitución y fortalece el Estado de Derecho al garantizar que todas las instituciones se sometan a los principios y normas establecidos en la Constitución, lo que contribuye a la estabilidad y confianza en las instituciones democráticas, así como a la consolidación de un sistema jurídico basado en la igualdad, la justicia y la legalidad.

 La Suprema Corte de Justicia de la nación ha demostrado que está dispuesta a defender nuestra Constitución ante los constantes intentos que han llevado a cabo el Ejecutivo y de la mayoría morenista del Poder Legislativo. Por lo tanto, como mexicanos, tenemos la obligación de corresponder y defender a la Corte para ayudarles a mantener el equilibrio entre los poderes.

  No dejemos caer al último bastión que nos queda en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.