Ciudad de México.-  La primera nota diplomática que envíe el Gobierno de México a la próxima administración de Joe Biden en Estados Unidos, podría ser para exponer la situación en que se encuentran al menos 316 prestadores de servicios profesionales que laboran en los consulados mexicanos y que debido a una orden del Departamento de Estado notificada en 2016 tendrían que abandonar el país a más tardar este próximo 23 de agosto, debido a que ya no se les renovará su visa de trabajo A2.

 El director y encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que este asunto ya lo abordaron con el gobierno actual; sin embargo, prefieren esperar a la llegada de las nuevas autoridades para generar una solución.

 “Hemos tenido una serie de conversaciones con el Departamento de Estado y lo que acordamos fue que esperaríamos al inicio de la nueva administración de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero para presentar una nota diplomática sobre los 316 casos que estoy mencionando.

 “Ahora, de estos 316 casos estamos buscando en cuales se pueden presentar excepciones particulares y casuísticas también mediante nota diplomática al Departamento de Estado de personas que, por ejemplo, estén en situación de vulnerabilidad o realicen una función muy especializada en nuestra red consular”, precisó.

 La nota diplomática se enviaría en los primeros días del mes de febrero, agregó.

 El Departamento de Estado, a través de su Manual de Acreditación de la Oficina de Misiones Extranjeras publicado el 23 de agosto de 2016, estableció que la visa del personal empleado localmente que no sea ciudadano ni residente sólo tendría una vigencia de 5 años que se vence en agosto de este 2021.

 La embajada de México y sus 50 consulados en la Unión Americana, de acuerdo con Roberto Velasco, contaban hasta diciembre pasado con 705 de estos trabajadores locales que, aunque son contratados por la Cancillería no tienen el estatus de empleados, pero gozan de un seguro médico privado, así como compensación anual y un sueldo que alcanza en algunos casos los 2 mil 500 dólares mensuales.

 De esta cifra de 705, a 50 ya no se les renovó contrato en diciembre pasado por diferentes causas y solo 505 estarían sujetos a la medida anunciada por el Departamento de Estado.

 “Ahora, de esas 505 personas hemos identificado a 139 de ellas que podrían regularizar su situación en residencia o ciudadanía, es decir el universo donde tenemos un riesgo por esta medida por el gobierno de Estados Unidos es de 316 personas”.

 El funcionario rechazó que este personal sea contratado bajo el esquema de outsourcing, como ellos mismos han denunciado, pues el trámite de personal lo realiza directamente la representación diplomática bajo el rubro de “Prestador de Servicios Profesionales Independiente” (PSPI).