CIUDAD DE MEXICO, - La violencia política se enseñorea en vastas zonas del territorio mexicano a un mes de las históricas elecciones del 6 de junio, a las que han sido convocadas casi 95 millones de personas, convirtiéndose en el proceso más sangriento de los últimos 20 años.
Según el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, de la firma Etellekt Consultores, al menos 79 políticos han sido asesinados durante las actuales campañas, 31 de los cuales eran aspirantes o candidatos en los comicios. Este fatídico guarismo supera en 29,5% a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015. Mientras tanto, dice el reporte, las "agresiones globales" (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia de 2017-2018, considerado "el más violento de la historia".
Los mexicanos deberán elegir a 21.000 cargos de distintos niveles, entre los que figuran 500 diputados federales y 15 gobernadores (casi la mitad del total), en lo que se considera los comicios más concurridos de la historia en este país latinoamericano. Las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcaron a 31 estados y 321 municipios de México (13% del total), de acuerdo con la consultora.
"La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades", advirtió la firma.
"Algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal", añadió. Hace un mes, el presidente Andrés López Obrador anunció un Plan para prevenir violencia política en elecciones del 6 de junio, que plantea brindar protección a los candidatos a cargos electivos "con el objetivo de evitar amenazas, agresiones o intimidaciones antes y durante" la jornada.
"Queremos enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores", dijo el mandatario. En esta estrategia participan los gobiernos de los 32 estados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la protección es voluntaria y sólo se brinda a los aspirantes que lo solicitan.
Apenas esta semana, la candidata de una coalición encabezada por el Partico Verde a la alcaldía de Puerto Morelos, en el estado sureño de Quintana Roo, Merari Muñoz, denunció que teme por su vida luego que su equipo de seguridad fue "amenazado por sujetos armados" después de un tiroteo. Merari debió entrar a sustituir a su marido, Ignacio Sánchez, asesinado el pasado 24 de febrero. "Interpondré personalmente una denuncia ante la Fiscalía Estatal. Mi integridad, mi vida está en riesgo y por eso exijo garantías de seguridad para seguir desarrollando con tranquilidad mi campaña", indicó la aspirante.
Muñoz señaló que busca "evitar que se repita el artero y cobarde crimen que se cometió contra mi esposo Nacho Sánchez, que hasta hoy sigue impune" y exigió "justicia" a las autoridades para dar "con los autores intelectuales y materiales de los hechos y se les castigue con todo el rigor de la ley". La aspirante a la alcaldía reveló que hombres armados balearon una vivienda en el barrio Leona Vicario, cerca de donde realizaría un acto de proselitismo. La ministra de Seguridad y Protección Ciudadana, Icela Rodríguez, señaló que a medida que se acerca la cita con las urnas "las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política".
