Hermosillo, Sonora.- Autoridades ministeriales y jueces mantienen acorralado con varios procesos penales al exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, quien en su defensa sólo atina al solicitar una andanada de amparos y quejas para retrasar su inminente detención.
En los últimos meses, periódico Excélsior ha dado cuenta del aseguramiento de varias lujosas propiedades, congelamiento de cuentas bancarias, decomiso de bienes y el cateo a varios ranchos propiedad del exgobernador de Sonora, quien según los registros del Poder Judicial del Estado y la Federación, ha solicitado más de 26 amparos en el año, de los cuales 14 recursos fueron tramitados durante los meses de agosto y septiembre.
Las autoridades que han asestado más golpes legales a Guillermo Padrés, son la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción donde se le investiga por el delito de enriquecimiento ilícito, hasta el momento le han asegurado varias riquezas, le han cateado las caballerizas de San Pedro y el rancho "El Pozo Nuevo de Padrés", además de mansiones en los municipios de Cananea y Hermosillo.
Seguido por la delegación en Sonora de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se le investiga por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia; esta fiscalía también le impuso una multa por 30 mil pesos por incumplir en un citatorio judicial.
Mientras que las oficinas centrales de la PGR en la Ciudad de México junto alServicio de Administración Tributaria (SAT), logró congelar cuentas bancarias a nombre del exmandatario panista, sus hijos y su hermano Miguel Padrés Elías, estas lo investigan por operación con recurso de procedencia ilícita y lavado de dinero.
En la Procuraduría General de Justicia en Sonora, se le acusa por lesiones, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, abuso de poder, tráfico de influencias y tortura en perjuicio de Gisela Peraza Villa, el ama de llaves que fue acusada injustamente por un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno.
Ante el acecho de las Agencias del Ministerio Público que integran averiguaciones previas y que en los últimos meses han registrado varios avances en las investigaciones, Guillermo Padrés saturó de amparos a los juzgados del fuero común y federal para evitar que las autoridades puedan mencionar su nombre, que lo citen a declarar o lo arresten.
En el Juzgado Segundo de Distrito hay ocho amparos por resolverse, el Juzgado Decimosegundo de Distrito mantiene dos, el Juzgado Tercero de Distrito tiene tres, mientras que el Decimoprimero cuenta con uno, lo que arroja una suma total de 14 amparos en contra de las actuaciones de la autoridades ministeriales y los jueces.
Odracir Espinoza Valdez, procurador de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, lamentó que funcionarios de la pasada administración estén haciendo un uso excesivo de la Ley de Amparos, abusando de este recurso legal para entorpecer las investigaciones y retardar la acción de la justicia.
