Río de Janeiro - La crisis política derivada del caso de corrupción en la estatal Petrobras y que alcanzó al expresidente Luiz Inació Lula da Silva, podría derivar en disturbios en las calles de Brasil.
La tensión aumenta para pedir el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff mientras siguen las protestas en defensa de Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), que ha prometido hacer estallar todo el país.
El PT presiona a Rousseff para que le ofrezca a Lula, su fundador, el mando de un ministerio, a fin de protegerlo de una posible detención, luego que la fiscalía de Sao Paulo le presentó varios cargos.
Si es designado, Lula sólo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, lo que lo dejaría fuera del alcance del magistrado federal que investiga los sobornos en Petrobras.
Tan sólo cinco días después de haber sido denunciado por el equipo especial que investiga el caso Petrobras, Lula fue demandado por lavado de dinero, falsedad ideológica, fraude documental y organización criminal.
El anterior jefe de Estado habría ocultado la posesión de un departamento de tres pisos en Guarujá, litoral de Sí£o Paulo, cuya propiedad el Instituto Lula viene negando reiteradamente.
Aunque el Ministerio Público de Sao Paulo rechazó detalles hasta este jueves, la prensa brasileña asegura que Lula y su esposa, Marisa Leticia, fueron denunciados en un documento de 192 páginas en el marco del denominado caso Bancoop.
Además de ellos, uno de los hijos de la pareja, Fabio Luís Lula da Silva; el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari; dirigentes de una constructora brasileña y otras 11 personas, están acusados de organización criminal y estelionato (fraude).
Esta denuncia no se enmarca en la Operación Lava Jato (sobre la corrupción en Petrobras), sino en otra causa en la que Lula era sospechoso.
Esta nueva causa tiene que ver con la quiebra de inversiones inmobiliarias de la Cooperativa Habitacional de los Banqueros de Sao Paulo (Bancoop), como consecuencia de supuestos desvíos para financiar campañas del PT entre 2002 y 2004.
En el centro de las sospechas contra el expresidente –tanto en el Lava Jato como en el caso Bancoop- está un departamento de tres plantas, cuya propiedad niega la familia del exmandatario, pero que los investigadores le atribuyen con base en pruebas documentales.
La policía asegura que el lujoso tríplex –con piscina y ascensor interno- sería del exmandatario, quien habría realizado una profunda reforma de éste con dinero procedente de dos constructoras –OAS y Odebrecht- investigadas en la operación Lava Jato.
