• Ante la emergencia, la alternativa ha sido la compra de medicamentos por adjudicación directa, que siempre resulta más cara en términos de precios y por la urgencia del abasto.

La grave crisis que vive el sector salud exhibe los límites y absurdos de una administración improvisada y dominada por prejuicios, la cual ha puesto en riesgo la vida de decenas de miles de pacientes, así como el empleo de miles de médicos, paramédicos y enfermeras.

El daño a la salud de la población está hecho, pues a pesar de la reciente rectificación con la gradual liberación de los fondos presupuestales retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se mantiene el propósito de continuar con la política de despidos de personal médico, como en el caso de los centros de alta especialidad, y están en riesgo servicios básicos como tratamientos, anestesias y cirugías.

El abasto de medicinas también continúa en peligro, ya que, ante la cancelación de las licitaciones públicas de compras consolidadas de medicamentos, dictada en marzo pasado, se perdieron ahorros por alrededor de 3,500 millones de pesos anuales, según México Evalúa.

Ante la emergencia, la alternativa ha sido la compra de medicamentos por adjudicación directa, que siempre resulta más cara en términos de precios y por la urgencia del abasto.

La salud pública ha sido víctima de una política de austeridad que se presume republicana, pero que afecta más a quienes menos tienen y empobrece a quienes, por necesidad, se ven obligados a recurrir a médicos y servicios privados. Desde las mismas filas de Morena y del gabinete ampliado se denunció el corte neoliberal de las medidas del gobierno en materia de salud, ante una reducción presupuestal indiscriminada que ha ocasionado que el sistema esté rebasado, lo cual demuestra la falta de sensibilidad del nuevo gobierno.

La causa de fondo la conocemos: el Ejecutivo federal está empeñado en instrumentar sus programas de transferencia directa de apoyos a millones de personas y se comprometió a mantener un presupuesto superavitario, no contraer deuda ni elevar impuestos, al tiempo que tomó decisiones altamente costosas en materia de infraestructura de desarrollo, canceló las mejores obras e impulsa las inviables, mientras el empleo formal, las inversiones y el conjunto de la economía nacional se desploman –y el Presidente aparece como el único que, contra viento y marea, mantiene su apuesta de un crecimiento de 2% en 2019–.

Así se divierte y trata de distraer la atención pública ante la crisis de salud que padecemos. El Ejecutivo federal prefiere mirar a otra parte y cae en un desplante autoritario más al acusar al “hampa del periodismo” y filtrar una lista amañada de periodistas que no lo favorecen en sus publicaciones.

La crisis del sector salud ha alcanzado la dimensión de una emergencia nacional y es un atentado contra el derecho humano a la salud de los mexicanos, de quienes se han quedado sin seguro popular y de quienes formalmente cuentan con la garantía de previsión social como contribuyentes y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así tenemos que esta administración federal se desploma velozmente y, en uno y otro flanco abierto, se precipita a una crisis de graves proporciones. Negar el derecho a la salud es negar el derecho a la vida.