21/07/2018
Editoriales

LEY CONTRA GARANTÍAS INDIVIDUALES PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA FINANCIERO

El gobierno de Enrique Peña Nieto se propone una reducción del gasto público o presupuesto federal por un total de 528, 700 millones de pesos (mdp), entre el 2015 y el 2017, según las cifras del diario El Universal basadas en los reportes de la Secretaria de Hacienda (SHCP) . El 2017, según esos informes, se reducirán los mismos 132 mil mdp que se reducirán este 2016 más 175 mil mdp adicionales. Es decir, el 2017 será un año de una reducción del gasto por más de 311 mil mdp. Aunque la SHCP afirma que no se recortaran las "inversiones de alto impacto" económico y social, ya han anunciado ya han recortado un 6.0% el "subsidio a programas sociales". Juntos todos los recortes equivalen a más del 10% del PIB y el recorte entre enero y febrero, fue de más de 60 mil mdp.

Por supuesto, la justificación para estos recortes son la caída de los precios del petróleo, la "gran volatilidad" financiera que ha "depreciado el peso" y la incertidumbre sobre las economías como la de Estados Unidos o China. El crecimiento de la deuda (requerimientos Financieros del sector Publico), no es mencionado como "factor" a pesar de que el monto del servicio financiero a esa deuda aumento 9.5% en el último año y la deuda misma aumento 249, 300 mdp. Ese servicio absorbe entre 500 y 600 mil mdp al año, es decir, dos terceras partes de lo que el gobierno propone recortar en 3 años. Se trata de una deuda que entre más se paga más crece y ya aumento, a pesar de ese ritmo de pagos anuales de 6.9 billones a 8.8 billones de pesos entre diciembre del 2012 y enero del 2016.

Obviamente, estos recortes conducirán a la inestabilidad económica y social como resultado del freno de obras, la quiebra de empresas; los despidos masivos ( 84 mil empleados en el 2015 en el gobierno y otros 15,000 en este 2016)). La iniciativa de Enrique peña Nieto para una Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución fue enviada al congreso el 22 de octubre del 2013 y ahora está siendo aprobada por los tres partidos que integran el "PRIANRD" y sus aliados y establecerá que el ejecutivo pueda "restringe o suspender las garantías y los derechos", de los ciudadanos en caso de "perturbación grave de la paz pública" ya sea por una "invasión " o por "conflictos sociales". El antecedentes de una situación así la tuvo México a finales del gobierno de Manuel González en 1884 cuando los disturbios de protesta "contra la deuda inglesa", que sobrevinieron después de dos años de una crisis mundial que significo una de caída de los precios de las materias primas; recesión mundial, baja en el crecimiento interno y grandes recortes al gasto público y a los sueldos de la burocracia etc. esa situación condujo a una situación de desesperación al gobierno quien en su afán de atraer "inversión extranjera" lanzo las compañías deslindadoras; subsidio los ferrocarriles construidos por extranjeros y dejo que la banca española o inglesa emitirá dinero y manejara la hacienda pública. Además, el gobierno de González se propuso reanudar el pago de la deuda externa suspendido por Benito Juárez, dizque para "reinsertar a México" en el sistema financiero mundial y pode solicitar empréstitos. Este cuadro condujo a un estallido social llamado así "la protesta contra la deuda inglesa". En esos disturbios Porfirio Díaz, quien tomaría el poder en diciembre de ese año, decidió que su gobierno no sería "democrático" , ni pretendería serlo , y en febrero de 1885 ordeno la reanudación del pago de la deuda inglesa pero antes allano los diarios de oposición y encarcelo a sus editores y metió a la cárcel a todos los opositores especialmente a los estudiantes que habían encabezado las movilizaciones del pueblo y los intelectuales y algunos diputados. Por supuesto, Porfirio Díaz no solicito autorización el congreso ni tampoco le presento "un informe detallado" del porqué de esas medidas represivas. Desde entonces, como en muchas partes del mundo, cando los gobiernos deciden imponer sacrificios económicos a su población buscan adjudicarse poderes absolutos. La diferencia entre Díaz y Peña Nieto es que este si se propone solicitar autorización a "esa soberanía" dominada por el PRIANRD y sus aliados, todos ellos bajo el control "de los pinoles".