Los Alcaldes agrupados en la AMA presentaron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales contra la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

Los Cabildos presentaron también una ampliación de la demanda de controversia constitucional que habían presentado hace un año, el 20 de enero del 2017, contra la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, a raíz de la publicación de la legislación estatal en la materia y los vicios que arrastra de la federal.

Las dos demandas fueron presentadas en lo individual por la mayoría de los municipios metropolitanos del Estado - San Pedro, Monterrey, Santiago, San Nicolás, García, Santa Catarina, Guadalupe, Juárez, Escobedo y Apodaca-, a excepción de Cadereyta.
 "El núcleo duro, digamos, de la impugnación tiene que ver con la invasión de las facultades de los municipios en lo que se refiere a mal ordenamiento territorial, a la zonificación y a la mezcla de los usos de suelo", explicó Benito Juárez, asesor jurídico de San Pedro en materia de desarrollo urbano al presentar las controversias ante la SCJN en la CDMX.
 "Nosotros consideramos que los municipios deben de contar con un margen de libertad política para adoptar aquellas políticas públicas que más se adecuen a las condiciones particulares de cada Municipio", agregó el funcionario.
 "Y consideramos que ni la Ley General ni la Ley estatal respetan ese margen de libertad política que la Constitución consagra en favor de los municipios para que, de acuerdo a sus necesidades puedan planear y diseñar las políticas que mejor les convengan".
 Añadió que, como lo señalan en la demanda, esperan que la Corte resuelva que ni el Congreso federal ni el del Estado tienen facultades para obligar a los municipios a permitir la mezcla indiscriminada de los usos de suelo y a que permitan la densificación a conveniencia de promotores o desarrolladores.
 "Sostenemos que la mezcla de los usos de suelo y la densificación debe obedecer a un proceso de planeación estratégica por zonas o distritos específicos, legitimadas bajo los procesos de participación ciudadana y vecinal que corresponde, como la consulta pública", expreso.
 Aunque no existe un plazo para que la Corte resuelva, el asesor jurídico sampetrino señaló que este tipo de controversias pueden llevarse años.