Monterrey.- Por considerar que la Secretaría de Bienestar hace entrega de los diversos apoyos de manera discriminatoria, la Diputada Itzel Soledad Castillo presentó un exhorto a esa dependencia para que elabore las reglas de operación para el ejercicio 2020 de los programas para el bienestar de las personas adultas mayores y el de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, de forma no discriminatoria por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos y la libertades humanas.

"Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna (incluida la edad). En México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano" mencionó la legisladora en su exposición.

Sin embargo, el "Gobierno Federal cuenta con el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual de acuerdo a sus reglas de operación, tiene cobertura nacional y le otorga un apoyo económico a personas de 65 años o más que viven en comunidades indígenas; personas adultas mayores de 68 años o más de edad en el resto del país y personas adultas mayores de 65 a 67 años inscritas en el padrón de derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre del ejercicio 2018, lo que es una clara discriminación a este grupo de la sociedad.

Igualmente es discriminatorio resulta el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, en donde sus reglas de operación, establece que el apoyo es para todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad, y para niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación.

"Lo anterior genera discriminación hacia las personas que no pertenecen a una comunidad indígena. El objetivo principal de estos programas es el de contribuir al bienestar de la población adulta mayor y personas con discapacidad, a través del otorgamiento de una pensión no contributiva", afirmó la Diputada Castillo Almanza.

Recordó la legisladora que de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

El exhorto fue aprobado por unanimidad.