Monterrey.- Para evitar abusos en contra del patrimonio de los ancianos, legisladores de Morena propondrán hacer obligatoria la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para que actúe como supervisor en juicios y trámites de carácter patrimonial.

 La diputada Beatriz de los Santos denominó a esta acción como Centinela, y estará establecido por ley con el objeto de procurar la legalidad, salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores.

 Se pretende evitar que se presenten actos de violencia psicológica, patrimonial y económica en los procedimientos que impliquen la transferencia del patrimonio a terceros bajo cualquier título o instrumento jurídico, testamento, herencia o donación, así como las operaciones relativas al estado de interdicción y la tutela cautelar en los que un adulto mayor pueda ser afectado.

 De los Santos dijo que se busca reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así del Código Civil y ell Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

 “Por ley se establecería que mediante la intervención de un representante de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, quien deberá entrevistar al adulto mayor, a fin de determinar si existe o no algún estado de demencia, retraso mental, o alguna otra enfermedad o trastorno mental cuya gravedad impida un adecuado funcionamiento de sus facultades”, dijo Beatriz de los Santos.

También se deberá establecer la debida orientación y asesoría jurídica de las consecuencias y alcances que pudieran ocasionar dichas operaciones.

 Otra de las medidas que se plantea es que posteriormente mediante un oficio emitido por dicho representante se autorice cualquier operación que implique un traslado de dominio o alguna cesión de derechos patrimoniales hacia terceros, para que finalmente se puedan celebrar las operaciones jurídicas pertinentes ante el Notario Público correspondiente.

 "Ante la posibilidad de no tener un conocimiento pleno de las operaciones en mención, las personas adultas mayores tienden a ser víctimas de despojo patrimonial por parte de sus hijos, familiares o de terceros aprovechándose de la condición inestable de salud que presenta."

 "De manera ventajosa, con dolo, coacción o abuso de confianza logran que dichas personas mayores transmitan un derecho real de propiedad ya sea de un bien mueble o inmueble mediante contratos de dominio como la compraventa, donación o permuta", agregó la diputada morenista.