La esperada presentación del Plan de Negocios de Pemex, efectuada como un tema más de las conferencias matutinas del Presidente de la República, con la misma ligereza y falta de rigor cotidiana, dejó más dudas que certezas a juzgar por la opinión de los expertos.

El destacado analista financiero Enrique Quintana, por ejemplo, advirtió que no hubo mayores daños “simplemente porque el Plan no se presentó” y concluye que “a las calificadoras no se les convence en las mañaneras”, de modo que “habrá que ajustarse el cinturón, porque tendremos turbulencias”.

Otros medios pusieron al descubierto que en los lineamientos presentados el día siguiente se ocultaron riesgos, mientras que analistas como los de Citigroup mostraron decepción, pues el “plan no tiene nada nuevo (...) y los montos de inversión que el gobierno plantea son decepcionantes” y adelanta que la baja de calificación por parte de Moody’s “es cuestión de tiempo”.

Ningún mexicano que piense y actúe de buena fe y con sano juicio desea que la estrategia seguida por el gobierno en esta materia fracase, pues sería brutalmente dañino para la economía y nos hundiría en una severa crisis económica, sumada a la virtual recesión actual.

La cuestión es por qué un solo hombre es lo bastante obstinado como para arriesgar a toda una nación a vivir al borde del abismo, sin que existan contrapesos que lo moderen y eviten riesgos desmedidos.

Es ahí donde cabe lamentar el desmantelamiento de las instancias de regulación autónomas, como la CRE, y la neutralización de los consejeros ciudadanos de Pemex, por no hablar del inútil y decorativo Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de México.

Existen suficientes elementos en el plan presentado y en el contexto económico y financiero para aumentar nuestra preocupación respecto al devenir de la economía. Han sido señalados de manera contundente y reiterada por decenas de expertos a lo largo de los últimos meses. Llamamos la atención sobre uno de los aspectos nodales: la presión fiscal que se acrecienta conforme avanza el año, para agudizarse en 2020.

El asunto es tan obvio que resulta difícil creer que no se tenga en cuenta en los cálculos de la economía presidencial. Si va a reducirse la carga fiscal a Pemex de manera significativa y van a destinarse cuantiosos recursos a los megaproyectos de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán que hacerse recortes mayores a la inversión y al gasto públicos, mismos que se encuentran en niveles que afectan la calidad de los servicios básicos y el desempeño de la economía.

No es improbable que López Obrador esté ocultando su verdadero propósito de incrementar impuestos y, contra su promesa, creando las condiciones para hacerlo de manera obligada, pero tardía.

Resulta muy ilustrativo leer los argumentos del doctor Carlos Urzúa acerca de su renuncia, donde queda claro el voluntarismo y autoritarismo con que el Presidente maneja, personal y exclusivamente, el tinglado de las finanzas públicas y –como buen conservador– sostiene su negativa a una reforma fiscal progresiva.

Vivimos en la cuerda floja, sujetos a los caprichos, obsesiones y prejuicios de un gobernante que ni ve ni escucha al mundo de conocimientos e instituciones que lo rodean y que maneja nuestro destino “como le late”, así como escribió personalmente e hizo aprobar su Plan Nacional de Desarrollo, por encima de la ley y porque él y sólo él tiene la verdad.