Estados Unidos denunció en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos y no hay tendencia que vislumbre un descenso.
Lo anterior se desprende del análisis del Departamento de Estado de la Unión Americana que, en esta edición, sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.
Además, la publicación concluye que no ha habido "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia de las autoridades locales.
También subrayó que, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
RESTRINGEN A LA PRENSA
Por otro lado, el informe destacó que la libertad de expresión padece "serias restricciones" en el país porque durante el año pasado y este continuó "el descrédito oficial" a los periodistas, dado que diferentes políticos, entre los que se incluye al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, los descalifican y critican públicamente por "parciales, partidistas y corruptos".
Respecto a otro problema identificado por la Administración estadounidense, están las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos, por lo que en el documento resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.
Una de las alabanzas que recoge el informe en este ámbito es la detención por parte de las autoridades del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, luego que ella puso al descubierto en 2005 la implicación del exgobernador priista de dicho estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores.
Aunque el reporte puntualiza que, en general, el gobierno federal y local tomaron medidas para "identificar y castigar" a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, también recoge las denuncias de algunas ONG que trabajan en el terreno y que aseguran descréditos a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.
