Nacional

Aprueban diputados reformas para protección a niños y adultos mayores

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que el Ministerio Público ordenará la aplicación de medidas de protección a ví­ctimas menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

La instrucción será de manera oficiosa o a petición de parte y la aplicación de las medidas de protección se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, de acuerdo con los protocolos que para tal efecto se emitan.
El proyecto de ley avalado con 392 votos a favor y una abstención, el cual se turnó al Senado para sus efectos constitucionales, surge de una iniciativa de los diputados priistas Marí­a Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramí­rez Marí­n.
Con ello se modifica el primer párrafo del Artí­culo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a las medidas de protección.
Se establece que el Ministerio Público ordenará aplicar medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la ví­ctima u ofendido.
De igual forma cuando la ví­ctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor. La autoridad correspondiente otorgará la medida de protección de manera oficiosa, aunque también podrá ser solicitada a petición de parte.
"En ambos casos se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los protocolos que al efecto se emitan" y posteriormente establece cuales son las medidas de protección.
En el documento se señala que en México hay 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Entre 55 por ciento y 62 por ciento de los adolescentes de nivel secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.
Según el documento en 13 millones de familias los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia los principales responsables del maltrato suelen ser, en ese orden: la madre, el padre, ambos padres, padrastro, madrastra, tí­os y abuelos.
Al fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el diputado federal ílvaro Ibarra Hinojosa mencionó que la reforma constitucional de 2011 a favor de los derechos humanos ha significado una profunda transformación del marco jurí­dico.
Ibarra Hinojosa expuso que a partir de esa reforma la Constitución Polí­tica reconoce los derechos humanos a todas las personas sin importar su origen, sexo, edad, pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural.
Sin embargo, como define la Ley General de Desarrollo Social, existen núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida.

 

https://m.youtube.com/watch?v=2DK0gySWWjo&feature=youtu.be

Al hablar ante la Cámara de Diputados, el diputado federal expuso lo siguiente: "Con su permiso presidenta, compañeras y compañeros diputados, es para mí­ un gran honor fundamentar ante todos mis compañeros, integrantes de la Comisión de Justicia, dos dictámenes con proyecto de decreto, por lo que se reforman los artí­culos 137 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La reforma constitucional del 2011, a favor de los derechos humanos, ha significado una profunda transformación de nuestro marco jurí­dico, a partir de dicha reforma, nuestra Constitución reconoce los derechos humanos a todas las personas sin importar su origen, su sexo, su edad, su pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural. Sin embargo, tal y como lo define la ley general de desarrollo social, existen núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida. Sensibles a esta situación, las propuestas contenidas en este par de dictámenes, están dirigidas a salvaguardar el derecho, al acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, somos los primeros en reconocer la difí­cil situación de quienes conforman los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, de acuerdo con el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia en México, los niños de trece millones de familias crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de los padres. El Consejo Nacional de Valuación de la Polí­tica de Desarrollo Social estimó en su última medición de la pobreza, que prácticamente cinco de cada diez adultos mayores, de 65 años se encuentran en situación de pobreza, el 23 % de la población con discapacidad de quince años y más no cuentan con ningún nivel de escolaridad, de este tamaño compañeras y compañeros, es el reto que enfrentamos como sociedad por el objetivo del primer dictamen es establecer el Ministerio Público, deberá otorgar medidas de protección en forma oficiosa, inmediata y por el tiempo que sea necesaria, cuando la ví­ctima sea una niña, niño o adolescente, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Con esto, se trata de proteger a quienes más lo necesitan para que sus derechos sean estrictamente respetados. Igualmente las y los integrantes de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, estamos comprometidos con las causas de las mujeres, somos la primera legislatura electa bajo el principio de paridad en las candidaturas, lo que hace aún mayor nuestra responsabilidad de legislar para que ningún acto de violencia contra las mujeres quede impune, para que el Estado mexicano garantice, efectivamente la protección de quienes han sido ví­ctimas y para que en nuestro paí­s, ninguna mujer vuelva a ser maltratada, por ende este segundo dictamen propone considerar el feminicidio como delito que amerite la prisión preventiva oficiosa, toda vez que se trate de un delito cuya gravedad, está fuera de toda discusión, porque no obstante que reconocemos los esfuerzos desplegados por el Estado mexicano a nivel normativo, institucional y jurisprudencial, estamos conscientes que la situación de las mujeres en México sigue siendo delicada, pues el derecho a la vida libre de violencia y el acceso a la justicia aún enfrentan continuas amenazas. De acuerdo a las cifras del INEGI, del 2000 al 2014, el número de las mujeres asesinadas, asciende a 26,267 que en promedio significan 5.1 por dí­a, en quince años la cantidad de los homicidios anuales pasó de 1284 a 2349; es decir, prácticamente se duplicó. Es por lo anterior, que asegurando la legalidad en el proceso, esta reforma significa un paso firme y decisivo, para seguir reforzando el marco jurí­dico que tutela el derecho a todas las mujeres del paí­s de vivir una vida libre de violencia. Estimadas diputadas y diputados, garantizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos a todos los mexicanos, no es una opción, es una obligación, para ello solicito su apoyo sin distingo, designios polí­ticos, para aprobar las reformas propuestas. Demos mayor y mejor protección a quienes más lo necesitan, sigamos construyendo, con nuestro voto a favor un mejor sistema de justicia para todos", concluyó Alvaro Ibarra Hinojosa.