Actualmente se tiene un déficit de 777 unidades, mientras que en 2016 se contaba con 4,146 unidades en circulación. Hoy tenemos como máximo 3,369 derivado a la disminución de unidades por falta de mantenimiento mayor o bien el quiebre de 14 empresas prestadoras del servicio hasta el día de hoy, dicen los propietarios de rutas camioneras de la entidad.
Y añaden que ante el actual colapso del servicio de transporte público, definido por la Real Academia Española como la destrucción o ruina de un sistema o estructura, en próximas fechas estaremos por tercera vez gestionando el tema de la actualización de tarifa ante el Consejo Estatal del Transporte.
Este colapso, ha afectado fuertemente no solo la calidad percibida en la prestación del servicio, sino además en la productividad laboral y estudiantil de empresas e instituciones del Estado, impactando directamente a todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad: empresarios, trabajadores; estudiantes, amas de casa; personas
de toda edad, genero, estrato social o ideas políticas.
El deterioro del sistema de transporte es un tema que ha sido abordado desde meses atrás, sin embargo la falta de liderazgo, responsabilidad y seriedad requerida por parte del Gobierno del Estado, dependencias e instituciones involucradas, así como de la opinión pública, han sesgado el análisis y la toma de decisión necesaria, trayendo como consecuencia este punto de no retorno, en el que nos encontramos hoy en día.
Ante esta situación, y a través de este medio, exigimos al Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, respete la investidura que su posición ejecutiva y política le
demanda para que dé verdaderas soluciones a la problemática que desde 2016 los diferentes prestadores del servicio hemos anunciado y requerido, y que a continuación
describimos:
PRIMERO.- Dentro de la Ley de Transporte vigente se obliga al Estado a revisar las tarifas cada año. El Reglamento de la Ley establece la fórmula para evaluar objetivamente la variación en los costos operativos del transporte, y con ello, realizar las actualizaciones correspondientes.
• El Gobierno del Estado actual ha evadido esta responsabilidad y obligación desde diciembre del 2013.
• La tarifa en efectivo del transporte público está congelada desde diciembre de 2013, mientras que la tarifa electrónica (Tarjeta Feria) desde diciembre de 2015.
• Los principales costos del transporte: diésel, sueldos, precio de los autobuses, refacciones, tasas de interés, han incrementado año con año,
hasta en un 67%.
• En Nuevo León la tarifa es la única fuente de ingresos del sistema, a diferencia de otros Estados que reciben subsidios por parte del Gobierno.
Monterrey N.L., diciembre 2019
SEGUNDO.- Actualmente se tiene un déficit de 777 unidades. Mientras que en 2016 se contaba con 4,146 unidades en circulación, hoy tenemos como máximo 3,369 derivado a la disminución de unidades por falta de mantenimiento mayor o bien el quiebre de 14 empresas prestadoras del servicio hasta el día de hoy.
TERCERO.- La disminución de unidades ha impactado negativamente en la calidad del servicio prestado, ocasionando un incremento en los tiempos de espera, la desaparición de recorridos, así como el incremento del transporte vehicular informal trayendo como consecuencia un mayor nivel de congestión y accidentes viales, tráfico e inseguridad tanto en horas pico como fuera de ellas.
CUARTO.- Preferencia en la asignación tarifaria de los sistemas operados por Gobierno del Estado:
• Las tarifas del sistema Ecovía ($14.55 ordinario y $10.55 preferencial) son un 24% y 43% más altas en comparación a la tarifa más elevada del sistema tradicional transporte ($11.71 y $7.39).
• Las tarifas de la ruta Ecovía poseen un deslizamiento asegurado de $0.05 cada mes por la duración de la concesión (2014-2039).
• Las tarifas de la “Ruta Express” García-Escobedo ($15.00 en efectivo, $13.00 ordinario y $9.50 preferencial) son 25%, 11% y 29% más altas en comparación a la tarifa más elevada del sistema tradicional transporte ($12.00, $11.71, $7.39).
QUINTO.- La Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal del Transporte, después de un análisis técnico, recientemente recomendó la actualización de la tarifa en un 16.7%, correspondiente a la inflación acumulada.
• La realidad es que este porcentaje, contrario a los 47% que arroja la fórmula por Ley, ayudará marginalmente a la reparación de las unidades detenidas por falta de manteamientos mayores, sin embargo, no permitirá la renovación del parque vehicular que tiene más de 10 años circulando (cerca de 1,000 autobuses), con lo que el problema seguiría existiendo.
En conclusión vemos con mucha preocupación que el problema de la sustentabilidad del servicio de transporte sigue sin ser un tema importante en la agenda del ordenamiento estatal por parte del Gobernador en turno, Jaime Rodríguez Calderón, quien directamente ha hecho caso omiso a las peticiones y recomendaciones de las diferentes instituciones públicas y privadas así como de consejeros de su propio gabinete ante este fehaciente y legitimo problema: un colapso que amenaza la productividad y calidad de vida de nuestro Estado.
