Redaccion- ABC (Madrid).-Por Teresa Sánchez Vicente .- Retirarse antes conllevará una penalización para el trabajador. La reforma de las pensiones supondrá una pérdida de hasta 8.000 euros al año en caso de que una persona acceda a la jubilación voluntaria a partir de los 35 años de cotización, según advierte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La reforma mantiene los tramos de cotización, pero sube los coeficientes reductores y endurece la penalización a la jubilación voluntaria. Con los cambios planificados, los recortes irán desde el 21% al 13%, según los años cotizados y significarán pérdidas anuales de hasta 8.000 euros, según remarca CSIF en su comunicado.
Desde CSIF denuncian que la propuesta del ministro José Luis Escrivá penaliza a las personas trabajadoras que han cotizado muchos años y, por tanto, al final de su carrera tienen un sueldo elevado. El sindicato lamenta que se castigue de este modo a los trabajadores después de una trayectoria profesional larga y una base de cotización alta por el hecho de elegir adelantar en dos años su retiro. «La reforma que plantea el Gobierno con el apoyo de CC.OO. y UGT, en primer lugar, endurece la penalización a la jubilación voluntaria incrementando los coeficientes reductores en función de los años cotizados», advierte CSIF.
En base a la propuesta de Escrivá y como ya publicó ABC, con una cotización de menos de 38,6 años y y hasta 35 años se reducirá un 21% la pensión por decidir jubilarse dos años antes frente al 16% actual. Por su parte, a quienes hayan cotizado entre 38,6 años y 41,6 años se les introducirá un coeficiente reductor del 19% frente al 15% fijado hoy en día en caso de optar por el retiro anticipado.
«A ello se suma que en aquellos casos que se accede a la jubilación voluntaria y una vez aplicado dichos descuentos la cuantía resultante es mayor que la cuantía máxima que se puede percibir, se aplican los mismos coeficientes reductores anteriores (entre el 13 y el 21%) sobre dicha cuantía de la pensión», señalan desde CSIF. Así, la cuantía que percibiría el trabajador ascenderá a 2.138,91 en el caso de disponer de una cotización de menos de 38,6 años y hasta 35 años. Esta cifra supondrá hasta 7.959,28 euros anuales de recorte respecto al escenario anterior. El mismo esquema se repite de forma progresiva: con una vida laboral de entre 38,6 años y 41,6 años, la cuantía de la pensión llegará a 2.193,06 euros mensuales con una pérdida anual de 7.202,02 euros anuales, según los cálculos de CSIF.
Para los trabajadores con entre 41,6 años y menos de 44,6 años cotizados y una pensión de 2.247,21 euros, la reducción alcanzará a los 6.443,92 euros anuales. En el caso de las personas que cuenten con vidas laborales de 44,6 años o más cotizados y con una pensión de 2.355,51 euros, el recorte será de 5.207,72 anuales, según las estimaciones de CSIF.
En este contexto, CSIF destaca que estos recortes se suman a los acometidos en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien elevó la edad para acceder a la jubilación y subió de 180 a 300 el número de meses para el cálculo de la base reguladora.
Ante esta situación, el sindicato reclama el derecho a jubilarse a una edad de 60 años con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años trabajados. Desde CSIF subrayan que mantienen contactos con los grupos parlamentarios para que se trasladen sus enmiendas sobre la reforma de las pensiones.
También instan a que se pueda acceder a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años. Asimismo, CSIF recomienda una compensación en la pensión para aquellas personas que, pudiéndose jubilar de manera voluntaria con el 100% de la pensión, decidan prorrogar su vida laboral.
Por otra parte, CSIF exige a los grupos parlamentarios la equiparación de la cuantía de las pensiones de clases pasivas a las del régimen general. El sindicato critica que en este caso se da una doble penalización: por un lado, no se cotiza sobre el conjunto de retribuciones que se perciben sino por la regulación anual de los Presupuestos y por otro, al computarse toda la vida laboral se perjudica las carreras profesionales que culminan en una categoría superior. Esta circunstancia puede suponer una merma en la pensión de entre el 15 y el 35%, en función del grupo profesional, en relación con lacuantía que se percibe en el régimen general.
Por ello, CSIF propone a los grupos parlamentarios establecer un incentivo de un 5% anual acumulable para aquellos empleados y empleadas públicas pertenecientes a las clases pasivas que decidan voluntariamente prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación voluntaria cuando se percibe el 100% de los haberes.
«Esta propuesta además de corregir la desigualdad en la cuantía de la pensión se traduciría también en un ahorro económico. Si el 50% de las jubilaciones voluntarias efectuadas en 2020 hubiesen prorrogado su vida laboral, supondría un ahorro económico de 50 millones de euros para la hucha de las pensiones», destaca el sindicato.
