Las tribus indígenas de Brasil deberían estar más seguras que el resto de la población del país, muy afectado por la pandemia de COVID-19, ya que se supone que sus tierras están protegidas de entradas no autorizadas.
Sin embargo, el coronavirus se está propagando peligrosamente en sus territorios. Según la Secretaría de Salud Indígena, más de 8.000 indígenas que viven en aldeas han desarrollado COVID-19 y 184 han muerto.
Tradicionalmente las poblaciones indígenas son más vulnerables a las epidemias y a enfermedades para los que su sistema inmunitario no está preparado debido a sus condiciones de relativo aislamiento. En Estados Unidos la incidencia del COVID-19 en las tribus navajo es mayor que para el resto de la población.
Los indígenas y los activistas de derechos acusan al gobierno de una respuesta incompetente y a las autoridades estatales de falta de voluntad de proteger a la población nativa del mortal coronavirus.
Los mineros ilegales que invaden regularmente los territorios protegidos, y los trabajadores de salud enviados por el gobierno, son señalados como las principales fuentes de infección.
En primavera, las tribus intentaron durante semanas aislar sus reservas del virus, pidiendo donaciones y esperando que el gobierno entregara ayuda alimentaria para poder permanecer aislados. Los defensores de los indígenas aseguran que la ayuda nunca llegó para muchos.
Los líderes de la población nativa pidieron al estado que adoptara medidas urgentes para proteger a su pueblo de las devastadoras consecuencias de esta crisis, cuya magnitud es difícil de calcular.
Sin embargo, el miércoles el presidente Bolsonaro vetó las leyes que habrían obligado al gobierno a proporcionar a los indígenas acceso a agua limpia, camas de cuidados intensivos especialmente reservadas en medio de la pandemia y distribución gratuita de artículos de primera necesidad. La iniciativa resultaría en un gasto adicional que es "contrario al interés público", argumenta el presidente.
El Instituto Socioambiental, una organización no gubernamental especializada en cuestiones ambientales y sociales, calificó esta decisión del jefe de Estado de "criminal".
¿Una operación de comunicación peligrosa para los indígenas?
Ante las críticas por estar abandonando a los indígenas, el Gobierno brasileño envió una misión el 30 de junio y 1 de julio con trabajadores sanitarios del Ejército a territorios de las comunidades yanomami y yekwana.
Sin embargo a principios de este mes, la fiscalía brasileña abrió una investigación sobre la posible puesta en peligro de los indígenas durante la operación.
En presencia de una veintena de periodistas, entre los que se encontraba la agencia AFP, los sanitarios militares distribuyeron mascarillas y realizaron pruebas que podrían haber tenido lugar sin la autorización previa de los indígenas y violando las normas sobre el distanciamiento físico.
La AFP asegura que sus periodistas se sometieron a pruebas poco antes de la misión y tomaron todas las precauciones necesarias.
El presidente del Consejo de Salud Indígena Yanomami, Junio Yanomami, que presentó la denuncia, dijo que la tribu podría haber estado expuesta al Covid-19 durante la misión. Como explicó al fiscal, los indígenas aislados son extremadamente vulnerables a los patógenos externos, por lo que el contacto de la misión podría considerarse un delito contra la salud pública.
También expresó su preocupación por la distribución de tabletas de cloroquina durante la misión, ya que nunca se ha demostrado su eficacia contra el coronavirus, dijo. Sin embargo, la cloroquina, persistentemente promovida por el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que también ha contraído el coronavirus, es recomendada por el Ministerio de Salud de Brasil.
El ministro de defensa de Brasil, Fernando Azevedo, que estaba observando la misión de los médicos militares a los territorios protegidos, dijo que la propagación de la pandemia entre los indígenas estaba bajo control y la operación médica intentaba demostrarlo ante decenas de cámaras.
Brasil, con una población de 212 millones de habitantes, es el segundo país más afectado del mundo. Casi 1,7 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus y ha habido 68.000 muertes.
