Recientemente se ha originado una nueva oleada de migrantes que atravesarán el país desde el estado de Chiapas hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. 

 Más de 6 mil personas de distintas nacionalidades iniciaron su recorrido desde la frontera chiapaneca con Guatemala para buscar una mejor calidad de vida, pero no es el modelo de migración de hace algunos años, constituida principalmente por hombres, quienes decidían afrontar las penalidades que implicaba transitar hacia la frontera para buscar un trabajo y enviar dólares a sus familia; ahora se trata de familias enteras, incluyendo a niñas, niños mujeres de todas las edades, quienes huyen de sus respectivos países por la violencia, el azote del crimen organizado, el desempleo y la inoperancia de sus gobiernos que no son capaces de proteger a su gente. 

 Lo malo de este asunto, es que la mayor parte de los migrantes son víctimas de las bandas de tráfico de personas, trata de blancas y desde luego, del crimen organizado, y por si fuera poco, son extorsionados también por las autoridades migratorias mexicanas y las policías estatales y municipales.

  Por si fuera poco, los Republicanos en la Cámara de Representantes en el Congreso norteamericano, aunque está pendiente de aprobarse en el Senado, el levantar la orden que se implementó durante la pandemia de COVID para facilitar en alguna medida el ingreso de migrantes; al aprobarse, las autoridades migratorias estadounidenses estarán facultadas para procesar y expulsar de manera expedita a personas migrantes que lleguen a su frontera sur de manera ilegal, y nuestro país tendrá que darles un espacio mientras realizan los trámites migratorios, que son lentos y tortuosos, para ingresar de manera legal al vecino país del norte. De aprobarse la ley, lo que es seguro que sucederá, es que las bandas que se dedican al tráfico de personas elevarán significativamente sus tarifas y exigencias.

 Hay que reconocer que Estados Unidos cuida sus fronteras y sus habitantes de un exceso de migración que ocasione disturbios o alguna crisis social importante, pero en México no parece que estemos haciendo algo en ese contexto; y nuestro país se está quedando con una gran parte de cubanos, haitianos, venezolanos y de cualquier otra parte del mundo.

 Es cierto que el país cuenta con una moderna Ley de Migración, aprobada en 2011; pero esta ley regula el estatus legal de las personas que visitan nuestro país.

 Muy pocos estados cuentan con una Ley que proteja y apoye a la población migrante, dando especial interés en resguardar los derechos humanos de las personas migrantes, brindarles servicios de salud, alimentarios, legales, psicológicos y hasta oportunidades de empleo formal; pero sobre todo, el garantizar el interés superior de la niñez migrante.

  En Nuevo León la Diputada local Alhinna Vargas presentó en enero del año 2021 una iniciativa de ley en ese sentido, la cual, después de constantes cabildeos de la legisladora, logró que se aprobara un dictamen en la Comisión Legislativa de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

 Esta iniciativa fue enriquecida con las aportaciones de la Casa Nicolás, Casa Monarca y Casa Indi, así como de la ACNUR, que es la Oficina de las Naciones Unidas en apoyo a Refugiados, Asilados, quienes han destacado en su afán de apoyar a las personas migrantes, pero eso no es suficiente, hace falta la acción concertada de toda la sociedad.

  De aprobarse esta Ley, habría un Consejo Estatal en el que participaría la sociedad civil, las casas migrantes, la propia ACNUR, la academia y desde luego, los gobiernos municipales y el estatal, estableciendo programas permanentes que garantices un mínimo de bienestar para estas personas. 

  Esta nueva oleada de personas migrantes volverá a desquiciar la zona metropolitana, por lo que es urgente que el Congreso legisle en esta materia cuanto antes.

 Reitero, nadie abandona su tierra, su hogar o su nación por elección voluntaria; siempre lo hace por necesidad, motivado por la presencia de desempleo, violencia, hambre y pobreza en sus lugares de origen.

  No re-victimicemos a quienes aspiran legítimamente a una mejor calidad de vida. Nuevo León puede hacer la diferencia en el trato que se les brinda a quienes ya han sufrido numerosas penalidades en su trayecto al país del norte.