Con un plazo no mayor a un mes, un el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México instruyó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero establezca la infraestructura y que ponga en operación el Registro Nacional del Delito de Tortura, pues su creación fue ordenada desde hace cerca de cuatro años.

“Que el fiscal General de la República, en un plazo no mayor a 30 días establezca la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, es decir, ponga en operación el referido registro; el fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, una vez que el fiscal General de la República establezca la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro, realice el registro correspondiente respecto de la víctima”,  indicó el tribunal federal.

Dicha resolución fue dictada el pasado 25 de marzo en el amparo en revisión tramitado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), luego que los magistrados determinaron que Gertz Manero incurrió en omisión absoluta al no emitir los lineamientos necesarios para que opere el Registro.

Asimismo en la resolución, el tribunal ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la FGR para que analice si la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, incurrió en omisiones que deriven en una responsabilidad administrativa.

“El acto que se reclama a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos no se relaciona directamente con la integración material de la investigación indicada sino, por el contrario, se le atribuye la omisión de ejercer sus facultades de supervisión en torno a esa indagatoria”, añade el documento.