19/Aug/2019
Editoriales

Bonilla construyó su propia trampa

El morenista Jaime Bonilla perdió legitimidad, calidad moral, principio de autoridad, así como la confianza y el respeto de los bajacalifornianos al pretender imponer un fraude a la ley. Esta maquinación que pretende extender, de dos a cinco años, el periodo de gobierno para el que fue electo Bonilla, es una intentona golpista, una falta de respeto al pueblo bajacaliforniano y una violación del orden constitucional, el Estado de derecho y el régimen democrático. Sin duda, los poderes públicos federales correspondientes deberán pronunciarse en consecuencia, porque representa el primer paso en la construcción de un régimen autoritario.

Es evidente la gravedad de la tramoya montada con la vergonzosa, servil y abyecta disposición de casi todos los diputados locales que integran la XXII Legislatura del Congreso local, así como la complicidad de la mayoría de los ediles, síndicos y regidores de los municipios locales y el silencio cómplice del gobierno federal. Esto debe tener consecuencias a nivel local, es decir, llevarlos a juicio político.

Ha sido ejemplar que una mayoría abrumadora de la ciudadanía bajacaliforniana y sus organizaciones civiles hayan sido las primeras en repudiar semejante gesto de desprecio a su voluntad manifestada en las urnas en junio pasado. También se ha dejado sentir la fuerza de los colegios y barras de abogados, de los editorialistas y académicos y de las entidades cívicas que constituyen uno de los capitales más valiosos del país.

Igualmente positivo es el hecho de que todas las dirigencias de los partidos políticos nacionales de oposición y sus legisladores se hayan pronunciado por combatir este inaudito zarpazo al corazón de la democracia y a la divisa revolucionaria por excelencia de “sufragio efectivo”, en cuya esencia se deposita el sabio principio de la “no reelección”.

Coincido plenamente con el diputado Porfirio Muñoz Ledo en que la solución es declarar la desaparición de poderes en Baja California, pues sería la única forma de garantizar la estabilidad, política y social, cuando se viola la ley y la Constitución federal en el estado. La pregunta es, ¿cuál de los poderes debe desaparecer? ¿Los poderes actuales, los electos o todos?

Estos hechos también deben servir como una experiencia para los partidos políticos respecto a la futura nominación de sus candidatos a cargos de representación popular, con el propósito de evitar que se siga desprestigiando la política por las pésimas decisiones de los políticos. Se trata de asegurar que los candidatos electos respeten lo que representan y merezcan la confianza de sus electores y de la ciudadanía.

Cuando me enteré de esta noticia de inmediato fijé mi postura y reprobé que algunos diputados priistas de Baja California hayan votado a favor de un decreto que viola la Constitución y contradice la posición de nuestro partido. Por ello, celebro que la Comisión Nacional de Ética haya sancionado a los legisladores y dado cuenta de los hechos a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pues se trata de traidores y de mercenarios que sirven al gusto de la circunstancia.

En caso de perpetrarse los hechos jurídicos que tanto lamentamos, la única esperanza de la República y de salvaguarda de la nación estaría depositada en la Ley, con mayúsculas, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la propuesta de desaparecer los poderes estatales desde el Senado de la República: únicos reductos del pueblo contra los golpistas y defraudadores de la paz, la justicia y la democracia.

                Secretario general del CEN del PRI