México  - Un grupo de senadores de oposición propuso el miércoles una reforma constitucional para que los presidentes de México puedan ser sometidos a juicio político y juzgados penalmente durante y tres años después de su mandato, como una forma para combatir la impunidad y la corrupción.

Hasta ahora, la Constitución mexicana contempla el juicio político para gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte, el fiscal general y jueces locales, entre otros, pero no para el presidente del país.

“Al presidente de la república ni con el pétalo de una rosa se le toca” dijo el senador Juan Carlos Romero Hicks, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), uno de los impulsores de la propuesta.

Varios escándalos de corrupción han golpeado al mandato del presidente Enrique Peña Nieto y algunos exgobernadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos nexos con el narcotráfico.

En agosto del 2015, Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera, y el actual canciller Luis Videgaray fueron exonerados de un conflicto de interés por la compra de millonarias residencias en condiciones ventajosas a un contratista del Estado, algo que la oposición calificó como una pantalla para cubrir la falta.

Esos escándalos, sumados a la debilidad de la economía y el repunte de la violencia ligada al narcotráfico, han golpeado la imagen de Peña Nieto, que lucha con una baja aprobación entre los mexicanos.

El próximo año, los mexicanos elegirán un nuevo presidente y renovarán ambas cámaras del Congreso, lo que en la opinión de los promotores de la reforma es un buen momento para evidenciar quienes están a favor del combate a la corrupción.

“El proceso electoral (...) va a revelar quiénes están con el México institucional y quiénes con el México todopoderoso de los acuerdos y la corrupción”, sentenció Ernesto Ruffo, también de la bancada del PAN en el Senado.

Los legisladores dijeron que buscarán que la propuesta comience a ser analizada en comisiones del Senado antes que concluya el actual lapso ordinario de sesiones, el 15 de diciembre para que, en caso de aprobarse, se aplique a partir del próximo período presidencial.