Diciembre 20 de 1827: promulga el Congreso de la Unión la primera ley de expulsión de los españoles a cumplirse en un lapso de seis meses. Con 42 votos a favor y 13 en contra, se aprueba, pero estableciendo excepciones para los españoles casados con mexicanas, los que tengan hijos nacidos en el país, los mayores de 60 años y los que tengan impedimento físico permanente. En este delicado tema subyace en el no reconocimiento de España a la independencia de México, pues ya habían transcurrido seis largos años desde que el último virrey, Juan O’Donojú firmó a nombre de su país reconociendo la libertad de la Nueva España, pero la monarquía española desconoció al funcionario que poco tiempo después moriría. Las excepciones permitieron moderar la aplicación de esta ley, pero aún así, entre 1827 y 1829 fueron expulsados de México en razón de su origen español, según el investigador norteamericano Harold Sims en su trabajo “La descolonización de México” 7 mil 148 españoles, quedando alrededor de 2 mil en el país. Previo a esta ley, hubo presiones crecientes entre los legisladores para que se legislara al respecto, hasta que el 19 de noviembre anterior, el diputado Anastacio Zerecero presentó un proyecto de expulsión de los españoles; y una semana después, el 26 de noviembre, los senadores José Sixto Berduzco y José María Alpuche hicieron también propuestas para la expulsión de los españoles radicados en el país. Esto a pesar de que ya existía para ese momento la Ley de Empleo de 1827 mediante la cual ningún peninsular podía tener cargo público alguno. Pero aprovechando el descontento de una parte de la población contra el deterioro que había sufrido en el ínterin la religión católica en el gobierno de Guadalupe Victoria (1824-1829), el padre español Joaquín Arenas intentó levantarse en armas buscando el apoyo del comandante general del Distrito Federal, Ignacio Mora, para restaurar la soberanía de España en México, pero es delatado por el propio Mora, preso el 19 de enero de 1827 y después fusilado por traición a la patria. Esto desata las pasiones y el 21 de marzo se detiene a los generales españoles Pedro Celestino Negrete y José Antonio Echávarri, y comienza a crecer la presión que terminó con la promulgación de la ley que hoy conmemoramos.