El Partido Comunista Chino (PCCh) aprobó su nueva ley antiespionaje revisada, que entrará en vigor el 1 de julio de este año.

La revisión ha ampliado la definición de espionaje, haciéndola más amplia y vaga. Los observadores de derechos humanos creen que se trata de una escalada en la represión al pueblo chino y que se utilizará para atacar a más a personas y empresas extranjeras en China.

La legislatura oficial del régimen publicó la ley revisada en su sitio web el 26 de abril. Fue la primera modificación desde su publicación en noviembre de 2014.

La expansión de la definición de espionaje en la nueva la ley ha atraído considerablemente la atención del mundo exterior. Por ejemplo, el alcance de los temas de robo de secretos se amplía a “otros documentos, datos, materiales y elementos relacionados con la seguridad y los intereses nacionales”.

La nueva ley antiespionaje revisada también clasifica como espionaje la venta a organizaciones de espionaje y sus agentes, así como “la realización de ciberataques contra órganos del Estado, unidades relacionadas con secretos o infraestructuras de información clave.

La nueva revisión también incluye “establecer un sistema de gestión para unidades clave de seguridad y antiespionaje”.

Temor de las empresas extranjeras en China

Nikkei, una empresa de medios japonesa, informó que la restricción de China a la transmisión de cualquier información relacionada con la seguridad nacional en virtud de la ley antiespionaje actualizada había generado preocupaciones con respecto a que el PCCh intensifique sus ataques contra personas y empresas extranjeras. La ley ampliada daría lugar a la aplicación arbitraria de la ley, como la detención de personas sin pruebas concretas.

Un ejecutivo de la oficina de Beijing de Astellas Pharmaceuticals, de Japón, fue arrestado el mes pasado por presunto espionaje. El incidente ha sacudido a la comunidad empresarial japonesa, y algunas empresas ya están reevaluando los riesgos y deteniendo los viajes de negocios a China.

Las autoridades chinas allanaron en marzo la oficina de Beijing de Mintz Group, una firma de investigación estadounidense, y detuvieron a cinco empleados chinos.

La policía china fue a la oficina de Shanghai de Bain & Co., una consultora estadounidense, e interrogó a los empleados allí y se llevó computadoras y teléfonos móviles, según confirmó un portavoz de la empresa el 26 de abril.

El Sr. Huang, ejecutivo de una empresa extranjera en Hong Kong, le dijo a The Epoch Times el 27 de abril que la revisión de la ley antiespionaje del PCCh podría tener un mayor impacto en las empresas y empleados de tres tipos de negocios.

“El primer tipo son aquellos cuyo negocio en China involucra investigación o aquellos que tienen negocios de revisión de capital contable, como Deloitte y otras cuatro importantes firmas de contabilidad. Es posible que tengan alguna información confidencial. El segundo tipo es el de las firmas que hacen informes de análisis de inversión para empresas”, dijo. “El tercer tipo son las empresas que tienen cooperación o intercambios económicos y comerciales en biotecnología médica y software en China”.

Huang dijo que la mayoría de los países occidentales tienen leyes de seguridad nacional y leyes antiterroristas, pero China no se ajusta a un sistema legal internacional. Más bien, es un sistema legal socialista incompatible con la mayoría de las leyes internacionales comúnmente utilizadas en el mundo “porque las operaciones legales del PCCh a menudo violan los derechos humanos, las empresas extranjeras y sus empleados estarán muy preocupados”.

El 27 de abril, el abogado chino Yang Ming (seudónimo) le dijo a The Epoch Times que cree que “muchas empresas con fondos extranjeros e inversionistas extranjeros harán una evaluación basada en los problemas potenciales de la sociedad china actual, y no se atreverán a venir fácilmente a China para invertir”.

Represión a los ciudadanos chinos

Dong Yuyu, exeditor principal del periódico oficial de China, Guangming Daily, fue arrestado por las autoridades de Beijing el año pasado mientras almorzaba con un diplomático japonés y ha sido acusado de espionaje. Dong había criticado al régimen chino en varias ocasiones. El 24 de abril, su familia comentó públicamente sobre el caso por primera vez y dijo que las acusaciones de las autoridades chinas fueron inventadas para reprimir la disidencia.

Yang dijo que la definición de espionaje de China es muy amplia.

“¿Qué es el espionaje? Estrictamente hablando, el espionaje es un acto probado por la evidencia de que alguien fue entrenado por un enemigo o un país hostil o se benefició de él para recopilar o proporcionar información para ellos”, explicó Yang. “Pero en realidad, el PCCh define el espionaje arbitrariamente. Si haces una encuesta económica o tienes una foto de una base militar en tu celular, si la subes a internet, el régimen puede definirlo como espionaje”.

Yang señaló que la introducción de la ley antiespionaje ampliada, así como la ley antiterrorista y la ley de seguridad cibernética que el régimen presentó anteriormente, son “todos los medios del PCCh para fortalecer su dictadura y gobierno ilegal, principalmente para intimidar a la gente común”.

“Porque la credibilidad del PCCh se ha derrumbado y la oposición del pueblo chino es cada vez mayor. Por eso, utiliza una legislación omnímoda para prohibir que el pueblo critique la propaganda del régimen… [para] impedir que la gente diga la verdad y reprimir la resistencia de la gente común”.