El 30 de abril, el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del cual destacan cuatro aspectos:
Primero, no se trata de un plan, sino de una reedición de las promesas hechas en campaña y puestas al día en 63 páginas que resumen los programas instrumentados por el Ejecutivo federal. En un hecho inédito, se presentaron dos proyectos y no uno; y la revisión de ambos confirma el desquiciamiento que vive el aparato gubernamental y administrativo, sometido a un régimen autoritario, unipersonal y voluntarista, mientras se simula el cumplimiento de la ley.
El segundo aspecto muestra la fijación ideológica del Presidente con respecto a lo que entiende por “neoliberalismo”. El documento presenta una nueva versión de la historia económica de México, que describe la derrota del modelo de desarrollo estabilizador frente al “desarrollo privatizador”. Ante la imposición del neoliberalismo, se plantea la necesidad de un “nuevo paradigma” que habrá de ser ejemplo e inspiración para los pueblos, deslizando, tímida y engañosamente, la noción de “Estado de Bienestar”.
En sus contenidos se propone: Estado en lugar de mercado, autosuficiencia productiva, fortalecimiento del mercado interior y una definición singular y reveladora: el Estado ya no será gestor de oportunidades (discrecionales, finitas y opcionales), sino garante de derechos (irrenunciables, universales y obligatorios) amparados por los numerosos programas asistenciales en marcha. En teoría, rechaza el neoliberalismo, pero plantea como un eje central del desarrollo del país una política de austeridad que impone la reducción del tamaño y las tareas del Estado.
El tercero es una concepción del desarrollo nacional, que excluye a la sociedad e ignora los modelos de administración pública y gobernabilidad contemporáneos. El plan presidencial “de bolsillo” habla de una acción pública que cubre y decide todo, y una comunidad acaso consultada para avalar decisiones preconcebidas dejando para el año 2024 la aparición de “una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder”.
El otro documento, de mero trámite, contiene recomendaciones “acordadas por la sociedad en el Foro de Consulta Nacional” que resultan ajenas a los objetivos y estrategias planteadas y, enseguida, aparece una lista de 45 programas del más variado peso y calibre. Este galimatías justifica una forma muy rara de entender la gobernanza, con “una sociedad que, mandando, se obedezca a sí misma” y un gobierno regido por el “mandar obedeciendo” de sus malquerientes “zapatistas”.
En cuarto lugar destaca la forma confusa en que se tratan los “ejes transversales” del PND; mientras el verdadero plan los ignora, en la versión oficiosa aparece una lista de buenas intenciones y lugares comunes sobre temas fundamentales, como igualdad de género, combate a la corrupción y desarrollo sostenible.
Esperemos que los diputados realicen un ejercicio de análisis que exhiba el sinfín de contradicciones, omisiones y errores que contiene el PND y confronte sus buenos deseos con la gravedad de los datos económicas del primer trimestre del año anunciados por organismos nacionales e internacionales, así como los índices de violencia del mismo periodo, el incremento exorbitante en el costo de los proyectos de infraestructura y la creciente pérdida de credibilidad del nuevo gobierno.
