Este lunes, la Administración de Biden dijo a la Corte Suprema que la ley de Texas, que prohíbe casi todos los abortos después de las seis semanas de embarazo y autoriza a cualquier persona a demandar cuando se realiza un aborto ilegal, es inconstitucional porque viola precedentes de décadas del alto tribunal.

Texas diseñó el estatuto “para frustrar la revisión judicial ofreciendo recompensas al público en general para llevar a cabo la función de aplicación del estado”, dijo la procuradora general de EE. UU. Elizabeth Prelogar a los jueces.

“Y estructuró esos procedimientos de aplicación de la ley para que fueran tan gravosos y amenazaran con una responsabilidad tan significativa, que enfriaran por completo el ejercicio del derecho constitucional”.

El caso es Whole Woman’s Health contra Jackson, expediente judicial 21-463. En la misma sesión, el tribunal también escuchó un caso relacionado, Estados Unidos contra Texas, expediente judicial 21-588, que trata de si el gobierno federal puede presentar una demanda en un tribunal federal para impedir que se aplique la ley.

A diferencia de una ley típica, la Ley de latidos del corazón de Texas estipula la colaboración abierta en la aplicación de la misma, en lugar de autorizar a los funcionarios del gobierno a enjuiciar las violaciones del estatuto. La ley, que entró en vigor el 1 de septiembre, permite a cualquier persona demandar a quien practique o induzca un aborto, o ayude a practicarlo, tan pronto como pueda detectarse “actividad cardíaca” en un feto, lo que generalmente es posible a partir de la sexta semana de embarazo. Los ciudadanos particulares pueden iniciar demandas civiles por un mínimo de 10,000 dólares por aborto.

El proveedor de abortos de Texas, Whole Woman’s Health, presentó una demanda para anular la ley, argumentando que va en contra de Roe vs Wade (1973) y Planned Parenthood vs Casey (1992), en la que la Corte Suprema creó un derecho constitucional a obtener un aborto antes de que el feto sea viable, aproximadamente en la semana 24 de embarazo. Whole Woman’s Health también impugnó el mecanismo de aplicación que se basa en la presentación de demandas por parte de particulares.

Durante los argumentos orales del 1 de noviembre, el procurador general de Texas, Judd E. Stone II, dijo a los jueces que el gobierno federal y los proveedores de servicios de aborto carecen de fundamentos legales para demandar a Texas ante un tribunal federal.

Stone dijo que Texas no había “anulado nada” al promulgar la ley, afirmando que los descontentos con la ley siguen siendo libres de impugnar su constitucionalidad en los tribunales estatales.

Prelogar dijo que la ley de Texas podría llevar al caos.

“Si Texas puede anular Roe y Casey de esta manera, entonces otros estados podrían hacer lo mismo con otros derechos constitucionales u otras decisiones de este tribunal que no les gusten”, dijo.

En representación del demandante Whole Woman’s Health, el abogado Marc Hearron dijo que la legislatura de Texas creó normas “que convierten a los tribunales en un arma”.

El juez Neil Gorsuch se preguntó en voz alta sobre la solicitud del peticionario de bloquear la aplicación de la Ley de latidos del corazón de Texas.

Después de que Hearron dijera que la ley de Texas enfría el ejercicio de los derechos constitucionalmente protegidos, el juez Neil Gorsuch preguntó en voz alta si otras leyes, como las relativas a la difamación, el control de armas, las normas sobre el ejercicio de la religión durante la pandemia, también “enfrían el ejercicio de las libertades constitucionalmente protegidas”.

Hearron contestó que sí, tras lo cual Gorsuch preguntó: “¿Y que solo pueden ser impugnadas a posteriori?”. Hearron reconoció que algunas de esas leyes solo pueden ser impugnadas a posteriori.

Este es solo uno de los varios casos relacionados con el aborto que se presentarán ante el tribunal en su nuevo período que comenzó el 4 de octubre.

El 12 de octubre, el tribunal escuchó el caso Cameron vs EMW Women’s Surgical Center. El fiscal general republicano de Kentucky, Daniel Cameron, argumentó que se le debería permitir defender la ley del aborto del estado en los tribunales después de que fuera invalidada por tribunales inferiores y el gobernador demócrata del estado, Andy Beshear, se negara a hacerlo. El caso gira en torno a la prohibición de 2018 de Kentucky sobre los abortos por dilatación y evacuación (D&E).

El 1 de diciembre, el tribunal escuchará el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, una impugnación de la Ley de Edad Gestacional de Misisipi, que permite los abortos después de las 15 semanas de edad gestacional solo en casos de emergencia médica o por anormalidad fetal grave. Los tribunales inferiores anularon la ley Fuente: The Epoch Times en español