El pasado jueves 11 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela falló que el Presidente Nicolás Maduro podía declarar una emergencia económica, que le concede un inmenso poder sobre la economía en los próximos 60 días. De inmediato, la oposición política que domina la Asamblea Nacional calificó el fallo de la Corte Suprema como un golpe, ya que la mayoría de oposición en la Asamblea había rechazado el decreto de emergencia económica emitido por el ejecutivo; luego del fallo de la Corte, la oposición aceleró su campaña para destituir a Maduro de la Presidencia.
El telón de fondo de esta agudización de las tensiones políticas es la catastrófica crisis económica en la que se encuentra el país, exacerbada por el derrumbe financiero global, en medio del cual se han desplomado los precios del petróleo, la fuente primordial de Venezuela de ingresos por exportación, que ha causado estragos en el presupuesto público. El petróleo aporta el 96% de los ingresos petroleros del país y financia la mitad del presupuesto. Si los precios del crudo siguen en su nivel actual, los ingresos por petróleo caerán a $22 mil millones de dólares, según los cálculos del Bank of America. Si se resta a esa suma el pago de los bonos de la deuda venezolana, quedan solo unos $12 mil millones de dólares para importaciones, menos de la tercera parte de las importaciones del año pasado, según el Financial Times del 11 de febrero.
Durante los últimos dos años Venezuela ha sido objeto una guerra financiera y una campaña de desestabilización debido a su alianza con las naciones del BRICS; pero la incompetencia del gobierno mismo ha profundizado la crisis, de tal modo que las capacidades productivas del país se han reducido al punto en que los alimentos básicos, las medicinas, la electricidad y el agua se han convertido en mercancías escasas. Ahora Venezuela tiene que importar el arroz, café y carne que otrora exportaba. Los venezolanos tienen que hacer cola por horas en los supermercados solo para encontrar que lo que buscaban no está en los estantes. La inflación, que ahora anda en el 140%, podría llegar al 700% para fines de año si no hay una respuesta adecuada.
Según fuentes independientes vinculadas a la medicina, los hospitales están en un estado de emergencia, en un momento en que el virus del Zika se difunde rápidamente. Las asociaciones médicas reportan un aumento de las muertes evitables debido a la falta de medicamentos, de doctores y de equipo médico. El principal grupo de proveedores de farmacias advierte que el 90% de las medicinas escasean.
Encima de todo esto, Venezuela tiene una deuda externa de unos $110 mil millones de dólares, y este año tiene que erogar $10 mil millones en el servicio de esa deuda, lo cual abre el temor de un incumplimiento. Pero la única solución económica que ofrece la oposición al mando de la Asamblea Nacional, cuyos líderes son todos piezas del aparato global del Proyecto Democracia del Departamento de Estado de EU, son las recetas de austeridad (para una población que precisamente lo que padece es escasez), más devaluación de la moneda (que exacerba la inflación) y el sometimiento al FMI para garantizar que todo eso se lleve a cabo. Un ex ministro de Hacienda del antiguo régimen venezolano, ahora cobijado por Harvard, recomienda particularmente a los venezolanos que se sometan al tratamiento que ha recibido Grecia.
