México - El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González, opinó que la decisión del magisterio disidente de no regresar a clases es equivocada, egoí­sta y mezquina, puesto que la autoridad ha cedido y el movimiento no.

Entrevistado en el marco del "Foro empresarial anticorrupción", dijo que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguen defendiendo posiciones polí­ticas, económicas y de poder, para seguir chantajeando a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

"Van décadas que no se cumple un ciclo completo de clases en esas entidades y eso es lastimoso y los niños fueron los más afectados pues los pasaron en una simulación total, pues no tuvieron clases en los últimos dos meses y se perdieron los exámenes finales", apuntó el también presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Claudio X González dijo incluso que si la lucha de esos profesores fuera por mejorar escuelas, que se diera más becas a los niños y se mejorara la educación, México se los estarí­a dando, pero no, lo que pretenden es preservar sus privilegios.

Asimismo, dio a conocer que un Tribunal Colegiado informó hoy que dejó en firme la decisión de un juez que otorgó un amparo a un padre de familia que se inconformó porque integrantes del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEPO) solapó que dejarán sin clases a su hijo.

"El fallo consiste en que la autoridad educativa de esa entidad debe proceder a despedir a los profesores que dejaron sin clases a sus alumnos por paros y marchas", explicó.

Entrevistado por separado sobre el mismo tema, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizadora del Foro Anticorrupción, pidió al gobierno y al Estado mexicano en su conjunto mostrar voluntad polí­tica y capacidad para garantizar el derecho de los niños y jóvenes a la educación.

Dijo que las autoridades tienen que hacer valer su autoridad y en caso de impedirse, por cualquier grupo, en cualquier escuela, que inicien labores, debe aplicarse incluso la fuerza pública.

"El gobierno tiene que dar muestra de que tiene voluntad polí­tica y la capacidad para hacer valer la ley y garantizar la conquista más grande después de la revolución que es educación para todos", apuntó.

Confió en que el gobierno federal haga honor a su compromiso explí­cito de que no haya una sola escuela que no inicie clase el próximo lunes 22 de agosto.

"Corresponde al gobierno establecer el Estado de derecho, lo que significa que no haya bloqueos en las carreteras, que no se obstaculicen las operaciones de los puertos, pero antes que nada, que no se afecte el derecho humano a la educación en todos los estados del paí­s", reiteró Gustavo de Hoyos.

A la pregunta de si este conflicto afecta la gobernabilidad, De Hoyos Walther sostuvo que esta se expresa de muchas formas y una de ellas es con la preservación de los derechos fundamentales del orden, la seguridad y la educación.

Sobre demandas de amparo, el dirigente del sector patronal del paí­s dijo que los juzgados ya solicitaron informes a las autoridades involucradas y esperan que en los próximos dí­as los entreguen y, sin demoras, los jueces emitan sus sentencias.

"Desafortunadamente la carga que tiene el poder Judicial federal no permite desahogo rápido como quisiéramos y lo mismo ocurre con la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero confiamos en que estos temas avancen", subrayó.