Monterrey.- Diversas organizaciones civiles que revisan la lista de aspirantes a la Fiscalía General, advirtieron hoy que al menos 16 de los 51 inscritos, no garantizan la autonomía que se requiere para el cargo por haber sido empleados de administraciones actuales y anteriores.

Mediante un comunicado, Alianza Cívica Nuevo León, Redes Quinto Poder, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), el Colectivo Nosotros, Curul43, Fuerzas Unidos por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL) y QueSirvan.mx, advirtieron que revisan los antecedentes políticos y labores, así como familiares y de amistad de todos los aspirantes a la Fiscalía General.

Explicaron que luego seguirán con los que van por la de Anticorrupción y la de Delitos Electorales.
 Para esas agrupaciones "Los antecedentes políticos y laborales, así como las relaciones familiares y de amistad, deben de ser un punto fundamental al momento de elegir a los mejores perfiles para ocupar los cargos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral dentro del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León".

Eso es lo que señalan las organizaciones en el comunicado difundido en el portal de Redes Quinto Poder.
 "Por tal razón, hacemos a continuación un recuento de los personajes que se registraron para ocupar el puesto de Fiscal General. Cabe destacar que dentro de los aspirantes a este cargo, nueve fueron empleados estatales en la Administración de Rodrigo Medina, ex Gobernador vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones... siete candidatos a Fiscal General trabajan o trabajaron en la Administración del actual Gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón... otros tantos están ligados a los ex Gobernadores Natividad González Parás y Fernando Elizondo.
 En el escrito, las organizaciones citadas hacen un llamado a la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, así como al Comité de Selección, para que se tomen en cuenta los antecedentes de cada uno de los aspirantes a estos cargos, pues es muy importante elegir perfiles autónomos. 

Y advierten también que el Sistema Anticorrupción no funcionará si los cargos no los ocupan personas que puedan hacer valer la Ley y ésto finalmente disminuya o elimine la impunidad que ha existido en nuestro Estado".
 Entre los personajes cuestionados, están el Procurador Bernardo González, por sus vínculos con la actual Administración y las anteriores; Javier Flores, ex Procurador con Medina y ahora su abogado; Pedro José Arce Jardón, esposo de Alejandra Lara Maiz, sobrina del ex Gobernador González Parás y a quien Medina nombró Subprocurador de Ministerio Público.
 Otro personaje cuestionado es el Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, a quien como presidente del Tribunal Superior de Justicia se le acusó por nepotismo y por presuntas irregularidades por más de 200 millones de pesos en licitaciones; Jesús Fidencio Vega García, quien fue jefe de Cartas de No Antecedentes Penales en la Administración de Rodrigo Medina y se le vinculó con una red de coyotes que "limpiaba" a cambio de dinero expedientes.
 Además, José de Jesús Ureña Moreno, quien fue designado por el ex Procurador Roberto Flores en la Dirección de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes en 2016 y a quien como Comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria se le señaló por denuncias por pago de moches a cambio de privilegios dentro del Penal el Topo Chico.
 Guadalupe Saldaña Vargas, quien fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones entre el 2011 y 2015; Javier Fernando Suárez Tijerina, actual director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública; Luis Fernando Morales Rizzi, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de la Procuraduría estatal desde el 2016.
 Marco Antonio Rodríguez Barrientos, director de Investigación y Procesos de la Subprocuraduría de la Procuraduría, y Gerardo Faustino Montes Martínez, ex Subprocurador de Ministerios Públicos, entre otros.
 En entrevista, Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, demandó que el Comité de Selección, dé máxima publicidad al proceso y a la trayectoria y antecedentes de todos los aspirantes, pues debe garantizarse su autonomía debido a la importancia que tendrá la labor de quienes sean designados.
 Dijo que no es válido que no se estén difundiendo ya los datos de quienes son los aspirantes.