Octubre 08 de 1887: Los miembros de la primera comisión de instrucción pública de la Cámara de Diputados, Justo Sierra, Julio Zárate y Leonardo F. Fortunio, reconocen un acuerdo de obligatoriedad de la enseñanza. En ese momento se veía como un proyecto demasiado ambicioso pues las condiciones socio – económicas de la inmensa mayoría de la población eran paupérrimas, por lo que se deducía que el gobierno sería el que costeara semejante proeza, y como siempre, había dinero para otros proyectos, pero no para mejorar la educación o ampliar su cobertura.

Apenas un día antes en 20 periódicos de circulación nacional se anunciaba la candidatura de Porfirio Díaz a las elecciones de 1888, lo que de ninguna forma puede ser casual, pues se advierte que este proyecto de ley será parte de la campaña política del presidente Díaz, quien siempre tenía argumentos interesantes para conseguir la siguiente reelección. El tema educativo estaba de moda, pues había consciencia de la necesidad de preparar al pueblo. Entrando el siguiente año, el 29 de marzo de 1888, se nacionalizaron las escuelas lancasterianas, cuyo número de alumnos se había reducido a sólo 549 entre las once escuelas que tenían ese histórico sistema de enseñanza.