La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió tres Recomendaciones dirigidas a la Procuradurí­a General de Justicia del Estado de Nuevo León y una a la Secretarí­a de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito y Protección Civil del Municipio de Allende.

En las recomendaciones 14, 15, y 16 que se dirigieron a la Procuradurí­a, este organismo acreditó que agentes ministeriales cometieron actos de tortura y tratos crueles e inhumanos en prejuicio de cuatro personas, que presentaron su queja en los años 2015 y 2016; al comprobar hechos violatorios a derechos humanos de cuatro hombres, durante el procedimiento de detención y disposición ante la autoridad de custodia.

En la investigación sobre estos expedientes de queja la CEDH documentó que los elementos policiales aplicaron en todos los casos diversos métodos de tortura como asfixia, golpes reiterados con puño cerrado, patadas, choques eléctricos y amenazas.

Además, este organismo constató que dos de las ví­ctimas sufrieron violencia psicológica ya que presentaron trastorno de estrés postraumático y trastorno depresivo mayor.

Por otra parte, la Comisión emitió la recomendación 17 al Secretario de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito y Protección Civil del Municipio de Allende, en su carácter de autoridad responsable, luego de resolver el expediente aperturado de oficio en diciembre del año pasado, con motivo de una nota periodí­stica titulada "Asesinan a golpes a niño de 2 años".

En dicho caso, la CEDH reconoce el carácter de ví­ctima al menor de edad y a su madre, luego de acreditar que el personal de la citada corporación, violentaron en prejuicio del niño sus derechos a la vida, por no garantizar la integridad y seguridad del mismo; y a la seguridad jurí­dica, por no respetar y proteger sus derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión en todas las recomendaciones cita los siguientes puntos a cumplir por las autoridades: el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa; que se colabore con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Ví­ctimas para la reparación del daño y se imparta cursos de formación a los elementos policiales con enfoque especifico al caso particular que se señala.

En relación a las recomendaciones dirigidas a la Procuradurí­a, destacan los siguientes puntos:

· Se inicie por parte de la Procuradurí­a General de Justicia del Estado, la investigación de los actos de tortura.

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· La atención médica y la adopción de medidas de rehabilitación, el tratamiento y el acompañamiento psicológico especializado que requieran las personas agraviadas para revertir las consecuencias de los traumas psicológicos ocasionados.

· Que se giren instrucciones expresas al personal operativo a efecto de que en forma inmediata se elimine la práctica de detenciones arbitrarias, así­ como el uso excesivo de la fuerza.

Mientras que en el caso de la Secretarí­a de Seguridad de Allende, otros de los puntos que se recomiendan son la de indemnizar por concepto de daño emergente a quien acredite haber efectuado los gastos funerarios y que se emitan protocolos de actuación sobre el deber de prevención y auxilio, en los que se garanticen los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así­ como a la población en general.