La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León corroboró que existe ya el desistimiento por parte del gobierno Estatal del amparo en el caso del Cobijagate y aunque ya fue notificado el promovente este no lo ha ratificado.
Se sabe que tampoco, tanto la Contralora como el Director de Control de Adquisiciones han cubierto la sanción impuesta por el organismo el pasado mes de diciembre que asciende a 58 mil pesos, por mantener en reserva el informe solicitado por los diputados sobre la investigación de la compra millonaria de los cobertores
De acuerdo a la información proporcionada Gonzalo Padilla Orozco, director de Adquisiciones quien promovió el amparo para mantener en reserva el informe sobre la compra de los cobertores y por los que se pagaron 29 millones de pesos, tendrá hasta el lunes para que ratifique su desistimiento y pueda resolver el juez de Distrito y proceder en que sea transparentada la información.
Sergio Mares, Presidente del organismo informó que el Juez de Distrito previno a para que ratifique dicho desistimiento y este miércoles fue notificado el funcionario por lo que tiene tres días para hacerlo, mismos que se cumplen el próximo lunes.
El martes la diputado Gloria Treviño acudió al Palacio de Gobierno a solicitar se le entregue el expediente del Cobijagate a la Auditoría Superior del Estado, tener una reunión con el Secretario de Administración, también con el director de Adquisiciones y la Contralora.
En diciembre del 2015, a dos meses de iniciada la administración actual había Rogelio Benavides Pintos adquirió un lote de más de 200 mil cobijas y fue en febrero del 2016, cuando se reveló que lo habían adquirido a tres veces más de su valor, dicha compra fue cuestionada y el Estado argumentó que se investigaría pero señalaba que habían algunos datos no comprobados del proceso.
Cuando la Contraloría Estatal investigó la irregularidad determinó sancionar a Padilla y Benavides con 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente, sin denuncia penal por el hecho.
En julio pasado, la Contraloría determinó mantener el expediente en reserva, pero con un recurso que promovieron diputados locales del PR en noviembre del 2016 la CTAI ordenó que el expediente fuera dado a conocer.
Así en diciembre después de determinar que la reserva de información en la Cuenta Pública del Estado 2015, sobre el caso del "Cobija-Gate" es improcedente, la Comisión de Transparencia resolvió aplicar una multa por más de 58 mil pesos al Director de Control y Auditoría de la Contraloría, Jorge Salvador González Garza, así como a la Contralora del Estado, Nora Elia Cantú, esta aún no cubierta según se sabe.
