La simulación en la compra de 200 mil cobertores a un costo de 30 millones de pesos señalada por la Auditoría Superior de la Federación será la tumba política del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y deberá castigarse a los culpables, señaló Samuel García.

 El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano señaló que en caso de confirmarse facturación falsa para simular una compra de cobijas, el Auditor Superior del Estado debe interponer la denuncia ante el Sistema de Administración Tributaria por considerarse un delito federal.

 Dijo que en caso de que en caso que no se presente ninguna denuncia, el mismo acudirá ante el SAT a denunciar el caso “cobijagate”.

  “Se está alegando el delito de factura apócrifa, eso es delito federal grave sin fianza, si yo fuera la Auditoría ya lo hubiera hecho y si no, cuando me llegué yo voy a ir al SAT a plantear una investigación con esos datos duros para que vayan a la cárcel los proveedores y el servidor público que acepto una factura falsa, porque ya el código fiscal de la federación establece que si la empresa no demuestra el material, los insumos, los trabajadores o el servicio se considera factura defraudadora”, expresó.

 Agregó que aunque no ha revisado el dictamen de la Auditoría, con la información que ha trascendido existen los insumos suficientes para poder acudir con la autoridad federal.

  “Que el SAT se encargue, no nada más de la inhabilitación y el cobro al crédito fiscal, sino cárcel porque aquí  se trata de dinero público y que estés usando facturas falsas para robar dinero público es mucho más grave que la factura falsa privada”,externó.

 García Sepúlveda dijo que el cobijagate representa un laste y la tumba del gobernador Jaime Rodríguez por solapar a un allegado como es Rogelio Benavides Pintos.

 Dijo que el hecho de que Ernesto Canales haya decidido que no ejercitaba la acción penal no quiere decir que el caso esté juzgado, ya que no hay una sentencia en Tribunal Colegiado, por lo que se puede revivir este caso.

  “Sí hay posibilidades de que revire y corrija y sobre todo que le limpie la cara a este gobierno, yo lo invito haga eso, pero como sabemos que quizá por complicidad o por dedazo no lo vayan hacer”, expresó.

  “El ilícito es acreedor y quien emite la factura y en ese caso el acreedor es el gobierno del Estado y luego habrá ver quién dentro de todo el organigrama o quienes intervinieron en las firmas y solaparon una factura falsa y pueden tener una causa penal. En cuanto llegue (la auditoría) se debe de votar mandarlo a la Procuraduría actual, si no hace nada que luego lo retome el fiscal pero que llegue a la autoridad federal porque esto es delito federal grave y por ser una factura apócrifa no hay fianza. Si quedaba algo de esperanza o encanto en este gobierno esto totalmente lo fulmina”, puntualizó.