Venezuela - General Motors anunció el jueves que suspenderá sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades confiscaron su fábrica en el país, una medida que podría arrastrar al gobierno de presidente Donald Trump hacia el creciente caos en el que cae el país sudamericano.
La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia fue confiscada el miércoles, mientras manifestantes se enfrentaban con fuerzas de seguridad y organizaciones progubernamentales en un país atribulado por problemas económicos, incluyendo escasez de alimentos y una inflación de tres dígitos.
Tres personas murieron y cientos fueron arrestadas en el día de protestas más mortal desde que comenzó la reciente ola de agitación social hace tres semanas.
La confiscación derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela. El concesionario pedía a GM una compensación por daños y perjuicios de 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda nacional, que cada vez se devalúa más.
GM dijo que esta semana se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, sus cuentas bancarias y otros bienes en el país.
Cientos de trabajadores desesperados por información sobre sus trabajos se reunieron en la planta el jueves para hablar con funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares, así como con representantes del concesionario que presentó la demanda. La planta no ha fabricado un solo auto desde el 2015, pero GM sigue teniendo 79 concesionarios que emplean a 3.900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.
El anuncio de GM ocurre mientras la oposición venezolana busca presionar al presidente Nicolás Maduro saliendo a las calles de nuevo el jueves, un día después de la manifestación opositora más grande de los últimos años.
No es la primera vez que Venezuela confisca instalaciones de corporaciones extranjeras. En julio del año pasado, el gobierno tomó control de una fábrica de Kimberly-Clark Corp. luego de que la empresa estadounidense dijo que la falta de materiales en el país le hacía imposible tener producción. Maduro acusó a Kimberly-Clark de participar en un complot internacional para dañar la economía de Venezuela.
Pero la medida en contra de GM, el fabricante de autos más grande de Estados Unidos, es una acción más fuerte, y podría deteriorar aún más las relaciones bilaterales.
"Esta es una prueba para Trump", dijo Raúl Gallegos, autor de un libro sobre Venezuela y analista de la empresa asesora Control Risks, con sede en Bogotá. Su respuesta a un país que confisca bienes de una reconocida empresa estadounidense indicará la ruta que quiere tomar con Venezuela, señaló.
El Departamento de Estado dijo el jueves que estaba revisando detalles del caso GM, pero pidió a las autoridades venezolanas que actúen rápida y transparentemente para resolver la disputa.
"Un sistema judicial justo, predecible y transparente es indispensable para implementar las reformas económicas esenciales que son cruciales para restablecer el crecimiento y atender las necesidades del pueblo venezolano", señaló Mark Toner, vocero del Departamento de Estado.
Más tarde el jueves, Maduro dijo que ordenó una investigación al operador de telefonía celular Movistar por presuntamente ser parte de una "convocatoria golpista" organizada por adversarios de su gobierno. Agregó que la subsidiaria de la Telefónica de España "cada dos horas mandaba millones de mensajes a los usuarios " en apoyo a las manifestaciones del miércoles.
Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles nuevamente el jueves para exigir elecciones y denunciar lo que consideran un gobierno crecientemente dictatorial. Fueron recibidos en las calles por una cortina de gas lacrimógeno y balas de goma cuando intentaban marchar al centro de Caracas.
A lo largo y ancho del país los enfrentamientos han sido intensos. Se atribuyeron a milicias progubernamentales dos muertes ocurridas el miércoles, incluida la de un adolescente en Caracas que se dirigía con amigos a un juego de fútbol. Sin embargo, funcionarios de gobierno pusieron en duda la historia y dijeron que la segunda víctima fatal, una mujer de 23 años, fue asesinada por un miembro de un movimiento antigubernamental encabezado por la ex congresista María Corina Machado, lo cual ella negó.
Ellos "usan el asesinato de una venezolana, del cual son responsables, para calumniar", dijo Machado en Twitter. "Así es esta dictadura criminal".
La tercera víctima fatal fue un sargento de la Guardia Nacional que murió anoche cuando su escuadrón fue atacado con disparos de arma de fuego al tratar de controlar disturbios en un suburbio de Caracas, dijo la fiscalía general. Otro oficial fue herido en los enfrentamientos.
Otras cinco personas han muerto en las tres semanas de protestas detonadas por una decisión de la Corte Suprema de arrebatar al Congreso controlado por la oposición los últimos poderes que le quedaban, una medida que fue revocada posteriormente en medio de una tormenta de crítica internacional.
La acción ha energizado a la fragmentada oposición de Venezuela, la cual no había podido canalizar el creciente enojo contra Maduro por la generalizada escasez de alimentos, la desenfrenada inflación y una delincuencia incontrolada.
