En su III Informe de Gobierno como Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza anunció que había en proceso 90 proyectos inmobiliarios en el municipio que representaban una inversión de más de 38 mil millones de pesos (mdp).  De ello son parte los enormes edificios en construcción que uno ve cuando pasa por Constitución en la zona médica o por Calzada Madero y otras avenidas muy transitadas por todos nosotros.  Edificios que rompen en perfil de “ciudad chaparra” de la que hablaba el gobernador Alfonso Martínez Domínguez en los años 80s. 

  Sin embargo, de esa enorme construcción se levantan sobre una ciudad en ruinas desde el punto de vista de su infraestructura, su vialidad o la violencia.  Los municipios del área metropolitana han “facilitado” esos desarrollos , para atraer inversión” , acelerando los permisos de construcción, los de uso de suelo, los de uso de edificación , así como también las fusiones , las subdivisiones o las relotificaciones de los terrenos  dentro de la ciudad. Mediante un “moche” las grandes inmobiliarias como Hércules, consiguen  en unos días permisos que los mortales tardarían años en obtener.

  Pero eso no es todo. Los impuestos que se otorgan a cambio de esos permisos, de cuando menos 100 mil pesos, representan recursos millonarios que el municipio recibe, independientemente del moche a funcionarios, que deberían ser canalizados a la construcción de obras viales, pasos a desnivel, drenaje pluvial  etc., cosa que no se hace debido a que no está contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y no existe una ley que lo exige. Así, se levanta un emporio inmobiliario con construcción nueva y enorme, asentado sobra una ciudad con los mismos servicios, infraestructura  y vialidades que hace 10, 20 ó 30 años.