CIUDAD DE MEXICO - La reciente aprobación en el Congreso de una iniciativa para nacionalizar el litio en México podría desembocar en un sonoro fracaso para el gobierno, que necesitaría de grandes inversiones con las cuales no contará si no echa mano de capitales privados.

De acuerdo a la opinión coincidente de numerosos especialistas, la reforma, que abarca la creación de un monopolio gubernamental encargado de la extracción y producción de este metal indispensable en la elaboración de autos eléctricos y dispositivos electrónicos, podría dar frutos hasta dentro de 20 años.

"Si a México lo que le preocupa es sacar a más mexicanos de la pobreza, el gobierno y el Congreso tienen que promover la inversión privada para extraer los recursos que están bajo tierra y que tengan valor en el mercado para que las empresas que saben explotar paguen impuestos", afirmó el economista peruano Carlos Paredes.

Paredes, presidente en 2019 y 2020 de la estatal Petróleos del Perú (Petroperú), señaló al diario capitalino El Universal que el Estado mexicano no tiene ninguna experiencia explotando litio, y mejor deberá enfocarse en cobrar "impuestos de venta y regalías" así como establecer "reglas claras para atraer capitales privados y generar riqueza".

"Es un retroceso enorme. Es caminar en la dirección equivocada. Es la manera de asegurar que el litio se quede en el subsuelo y de generar más fuentes de corrupción. Esta medida es desacertada", indicó el especialista.

Los expertos vaticinaron que México podría seguir el camino de Bolivia, donde a 13 años de cerrar la inversión privada interna y externa en el sector sólo ha obtenido 70 toneladas anuales de producción en el marco de un plan piloto estatal, a pesar de poseer reservas certificadas por 21 millones de toneladas, las más abundantes del mundo.

En cambio, Argentina, Chile y Perú han surgido como ejemplos de éxito en la exploración y explotación de este mineral al otorgar concesiones a compañías privadas, locales y foráneas, indicaron.

Rubén del Pozo, presidente del distrito Zacatecas de la Asociación de ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, dijo que los proyectos mineros requieren de largos períodos de tiempo para su maduración y fuertes inversiones, así como "muchos años de estudio".

"Si el Estado se quisiera meter de minero, que no lo es, tendría que desembolsar millones de dólares por más de una década sin ver retornos de inversión", advirtió y estimó que no se puede crear "una empresa que explote litio de la noche a la mañana".

Por ejemplo, señaló que Bacanora Lithium, el proyecto de mina de litio más avanzado del país, instalado en el norteño estado de Sonora en 2012, hasta ahora no ha logrado ninguna producción.

En febrero pasado el gigante minero chino Gangfeng Lithium adquirió 50% de las acciones de Bacanora Lithium, que opera en el municipio de Bacadehuachi el yacimiento más grande del mundo de ese mineral. El resto de las acciones están en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium.

Se trata de la única concesión que no sería cancelada bajo la nueva ley que nacionaliza el litio, por haberse otorgado antes de la aprobación de ésta.

Sin embargo, López Obrador dijo ayer que se revisará la legalidad de los contratos de concesión otorgados a Ganfeng Lithium para explotar el mineral en Sonora.

La mina es estratégica pues se ubica a sólo 180 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México y se prevé que abastezca de materia prima a Tesla, el coloso estadounidense de los vehículos eléctricos, propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados el domingo último y en el Senado el lunes, este miércoles fue promulgada la ley por el presidente López Obrador y se espera que en un plazo de 90 días se deberá crear un organismo administrador.

México ha entregado 36 concesiones a 8 empresas para explorar y explotar el litio con plazos de vigencia de 50 años que vencerían entre 2060 y 2065, pero Bacanora cuenta con 10.