CIUDAD DE MÉXICO - Organizaciones civiles, grupos de oposición y expertos alertaron sobre la intención del gobierno de aumentar la militarización en el país con la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar la Guardia Nacional al Ejército.

La medida requiere de una reforma constitucional, que para el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) representa un desafío mayúsculo por cuanto no cuenta con las dos terceras partes de los votos en el Congreso, pero a decir de expertos existe la posibilidad de que rompa el bloque opositor y concrete algunas alianzas.

"Legisladoras y legisladores de México deben decir no a la reforma militarista de López Obrador", señalaron las organizaciones Amnistía internacional (AI) y Seguridad sin Guerra, las cuales convocaron a los parlamentarios a unir fuerzas para frenar este intento del gobierno.

Originalmente, la Guardia Nacional fue creada con una fusión de elementos de la Marina, el Ejército y la extinta Policía Federal, pero como un cuerpo civil.

Sin embargo, "al paso del tiempo, se ha militarizado este cuerpo de vigilancia como también otras tareas de seguridad en México", advirtieron las dos organizaciones.

"Quienes integran el Congreso, senadoras, senadores, diputadas y diputados, tienen que demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó la Guardia Nacional civil" y que el presidente "ha desnaturalizado pintándola de verde olivo".

"A la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar se suma el militarismo avanzado en la vida pública, con el enorme poder económico y político que el gobierno le está entregando" a la Marina y el Ejército "en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas".

López Obrador prometió durante la campaña que lo llevó al poder en las históricas elecciones de julio del 2018, en las que ganó abrumadoramente con el 53% de los votos, regresar "a los militares a sus cuarteles".

Sin embargo, tras su asunción no sólo mantuvo esta participación sino también encomendó a la Marina y el Ejército la realización del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, al norte de la capital, y le entregó las riendas de las Aduanas fronterizas y los puertos del país, entre otras actividades.

El ahora ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) incorporó a las Fuerzas Armadas al combate contra el crimen al poner en marcha su fallida guerra contra el crimen organizado a unos días de haber asumido el poder, lo que ha sumido al país en una era sombría y sangrienta que arroja hasta ahora más de 355.000 muertos y unos 100.000 desaparecidos.

López Obrador ha defendido firmemente la utilización de los militares en tareas de seguridad pública, a pesar de que en su momento fue un duro crítico contra la política anticrimen de Calderón.

"Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal (PF), sería un rotundo fracaso", afirmó.

El mandatario se refería al acentuado descrédito que marcó los últimos años de vida de la PF, ahogada por la corrupción, abusos e impunidad, documentados por numerosas denuncias de las víctimas.

Por ello insistió en que la Guardia Nacional debe formar parte de las Fuerzas Armadas, y dijo que "si hay constancia de violación de derechos humanos sólo entonces rectificamos".

La oposición se opone a esta iniciativa y el izquierdista y minoritario Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por considerar que "viola acuerdos internacionales" firmados por el país.

"Al subordinar el mando civil al mando militar el Estado mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles y no de militares", afirmó.